Fallas en visores del Registro Público generan gastos adicionales a usuarios

La digitalización de trámites en el Instituto Registral y Catastral enfrenta un nuevo obstáculo tecnológico. Usuarios denuncian que, tras más de un mes de intermitencias, el servicio de visores digitales sigue inoperativo, forzándolos a incurrir en costos extras por copias físicas de documentos.

Profesionales del sector inmobiliario y ciudadanos expresan su frustración: “Estamos pagando entre 2,000 y 3,000 pesos adicionales por consultas que antes eran gratuitas”, explica un notario afectado. La situación revela las vulnerabilidades en la transformación digital de servicios públicos esenciales.

Josemaría Urrutia García, director del Instituto, atribuye el problema a una actualización de software y promete solución inmediata. “El nuevo sistema permitirá consultas digitales de 20 minutos en estaciones designadas”, asegura. Sin embargo, usuarios cuestionan por qué la migración tecnológica no incluyó protocolos para evitar afectaciones económicas.

Este incidente ocurre en un contexto donde la gobierno digital enfrenta creciente escrutinio. Expertos señalan que casos como este subrayan la necesidad de implementar soluciones disruptivas -como blockchain o IA- para garantizar continuidad en servicios críticos.

Mientras las autoridades prometen normalización, muchos se preguntan: ¿Están las instituciones públicas preparadas para la cuarta revolución industrial o seguiremos pagando los costos de su obsolescencia tecnológica?