Fiscalía apela liberación de activista acusado de tráfico de personas

La Fiscalía General de la República (FGR) ha declarado guerra jurídica a una controvertida decisión judicial: apelará la liberación del activista Luis García Villagrán, defensor de migrantes y director del Centro de Dignificación Humana, quien quedó en libertad por falta de pruebas sobre su presunta vinculación con el crimen organizado. ¿Se trata de un error judicial o de una maniobra para silenciar a un incómodo opositor?

Fuentes cercanas al caso revelan que el fiscal Alejandro Gertz Manero calificó como “inédito” el fallo del juez de Tapachula, Chiapas, quien ignoró 75 elementos probatorios presentados por las autoridades. “Detrás de esto hay fortunas manchadas de sangre”, aseguró el funcionario durante la mañanera presidencial, aunque sin ofrecer detalles concretos. ¿Qué ocultan ambas versiones?

García Villagrán, por su parte, denunció persecución política tras su detención el 5 de agosto, justo cuando coordinaba una caravana migrante. Documentos obtenidos por este medio muestran que su organización está registrada ante la Segob desde 2014, pero las autoridades insisten en que operaba como “fachada” para tráfico humano y narcotráfico. ¿Dónde está la línea entre activismo y delincuencia?

Lo que ambos lados omiten es clave: la orden de captura pendiente contra el activista data de 2021, según expedientes judiciales. Mientras la FGR alega que falsificaba documentos para migrantes, testigos en albergues describen a Villagrán como “el único que les tendía la mano”. Este jueves, la apelación podría reabrir un caso que expone las grietas del sistema migratorio mexicano.

Una cosa es clara: en la frontera sur, cada gesto humanitario es visto con sospecha. ¿Libertad de expresión o impunidad disfrazada? El tribunal superior tendrá la última palabra.