La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Guerrero ha iniciado una investigación formal en contra de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el presunto delito de cohecho. El origen de la indagatoria es la recepción, por parte de la alcaldesa, de un collar de la firma francesa de alta joyería Van Cleef & Arpels, cuyo valor en el mercado se estima en más de 227 mil pesos, mientras ejercía su cargo público.
La denuncia que derivó en la apertura de la carpeta de investigación fue presentada por el ex candidato a la alcaldía, Ramiro Solorio Almazán. En su planteamiento, solicitó a las autoridades que se determine si la aceptación de este objeto de alto valor constituye una dádiva indebida, un beneficio ilícito recibido por un servidor público en el marco de sus funciones. El denunciante ha ratificado formalmente su acusación ante la Fiscalía Anticorrupción, acudiendo con testigos y lo que ha descrito como medios de prueba adicionales para sustentar el caso.
El procedimiento legal se encuentra en su fase de investigación, donde la fiscalía correspondiente tiene la tarea de recabar y analizar todas las evidencias. Como parte de este proceso, la institución ha solicitado información oficial al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), en lo que parece ser un esfuerzo por contrastar datos y establecer el contexto preciso de los hechos. La normativa aplicable al caso se encuentra en el artículo 283 del Código Penal del estado, que tipifica y sanciona el cohecho pasivo, es decir, la acción de recibir dinero, regalos o cualquier otra utilidad por parte de un servidor público, en razón de su empleo, cargo o comisión.
El objeto en cuestión, el collar de lujo, saltó a la vista pública durante una sesión de cabildo, lo que generó las primeras interrogantes sobre su procedencia. Frente a estas preguntas, la alcaldesa López Rodríguez se defendió en octubre pasado, argumentando que la joya fue un obsequio espontáneo de ciudadanos. En declaraciones recogidas en su momento, la funcionaria afirmó: “¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y me regale cosas? Me lo regalaron, ¿y les voy a decir no, no te lo acepto? Yo agradezco su amor y cariño del pueblo”. Esta justificación será uno de los puntos centrales que la investigación deberá evaluar a la luz de la ley.
Por su parte, el denunciante, Ramiro Solorio Almazán, ha mantenido una postura pública muy activa. A través de sus redes sociales, no solo ha confirmado la ratificación de su denuncia, sino que ha expresado su convicción de que el proceso debe culminar con una orden de aprehensión. En un mensaje publicado, sostuvo: “Abelina debe ir a la cárcel. Hoy estoy de nueva cuenta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Chilpancingo, para aportar más pruebas en contra de la alcaldesa de Acapulco”. Agregó que confía en que una acción legal de este tipo servirá para “frenar el daño que le ha hecho a Acapulco”.
El caso trasciende el mero escándalo por un objeto valioso y se sitúa en el núcleo de los debates sobre ética pública, transparencia y los límites de la interacción entre servidores públicos y ciudadanos. La investigación deberá dilucidar si existió una contraprestación, implícita o explícita, vinculada a la recepción del regalo, o si, por el contrario, se trata de un gesto personal sin relación con las decisiones administrativas de la alcaldesa. La resolución que emita la Fiscalía de Guerrero establecerá un precedente significativo sobre la interpretación y aplicación de las normas anticorrupción a nivel local, en un contexto donde la percepción de impunidad suele erosionar la confianza en las instituciones. El expediente permanece abierto a la espera de que las autoridades competentes reúnan todos los elementos necesarios para determinar la posible responsabilidad penal de la edil.
