El gobierno federal y los gobiernos de los 32 estados han sellado un pacto de coordinación para atacar de manera frontal el delito de extorsión, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y los sectores productivos del país. Durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó y aprobó por unanimidad el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, un marco de acción diseñado para dotar a las autoridades de mejores instrumentos técnicos y legales.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló los ejes centrales de este acuerdo. El primero es la armonización legislativa en todas las entidades federativas para que la extorsión se persiga de oficio, es decir, que las fiscalías puedan investigarla incluso sin que exista una denuncia formal por parte de la víctima, un cambio fundamental que busca eliminar uno de los principales obstáculos para la acción penal. El segundo eje consiste en la creación o el fortalecimiento de áreas especializadas dentro de las fiscalías estatales y federales dedicadas exclusivamente a este delito.
Un tercer pilar es el reforzamiento operativo del número 089, la línea nacional de denuncia, para hacerla más eficiente y confiable. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene el mandato de elaborar un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución, garantizando que todas las autoridades actúen con los mismos protocolos y criterios. Este manual deberá estar listo a más tardar en febrero de 2026, mientras que los congresos locales tienen hasta enero de ese mismo año para armonizar sus leyes.
La presidenta Sheinbaum subrayó la trascendencia de este cambio de paradigma legal. Explicó que anteriormente la extorsión era tratada principalmente como un delito estatal que requería de la denuncia de la víctima para proceder, lo que generaba impunidad por el temor a represalias. La reforma constitucional y legal reciente lo eleva también a delito federal, lo hace perseguible de oficio y establece sanciones más severas. “La virtud de esto es que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos”, afirmó la mandataria.
García Harfuch proporcionó cifras que, según su perspectiva, demuestran la efectividad de la coordinación interinstitucional. Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, se han recibido más de 102,800 llamadas de denuncia y se ha detenido a más de 600 personas vinculadas con este ilícito en 22 estados. En el marco más amplio de la seguridad, durante la actual administración se reportan más de 38,700 detenidos por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 20,000 armas de fuego y la incautación de más de 311 toneladas de drogas.
Durante la sesión, los gobernadores manifestaron su respaldo al acuerdo, aunque también hicieron énfasis en la necesidad de contar con mayores capacidades operativas y legales para enfrentar al crimen organizado. La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, hablando a nombre de varios mandatarios, señaló que la violencia no distingue colores partidistas y se comprometió a no bajar la guardia. Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, agradeció un operativo coordinado que permitió la detención de un presunto extorsionador en la región de La Laguna, como un ejemplo de los resultados de la colaboración.
Claudia Sheinbaum identificó la lucha contra la extorsión como el reto de seguridad más importante para el próximo año. Confió en que, con la misma coordinación que ha permitido, según sus datos, reducir los homicidios dolosos en un 37%, se podrá lograr un avance significativo. Un elemento adicional que, según mencionó, complementará este esfuerzo será la implementación del nuevo registro telefónico, una medida diseñada para dificultar el uso de líneas celulares en la extorsión telefónica, una de las modalidades más frecuentes.
El Acuerdo Nacional Contra la Extorsión representa, en teoría, un intento por superar la fragmentación y las diferencias legales que han obstaculizado el combate a este delito. Su éxito dependerá de la implementación efectiva y sincronizada en cada estado, de la dotación de recursos a las fiscalías especializadas y de la capacidad para generar confianza en la ciudadanía, de modo que las víctimas y testigos se animen a colaborar, respaldados por la nueva figura de la persecución de oficio. El gobierno federal proyecta que, para finales de 2026, los resultados de esta estrategia conjunta serán claramente medibles en una reducción sustancial de los casos.
