Gobierno y empresarios firman pacto para congelar el precio de la tortilla

En un movimiento que promete aliviar el presupuesto familiar, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de un convenio sin precedentes con la industria molinera y distribuidores de tortilla. ¿Pero qué garantiza que este pacto voluntario funcionará donde otros han fracasado?

Durante su conferencia matutina, la mandataria desglosó la estrategia: eliminar eslabones en la cadena de comercialización. “El exceso de intermediarios infla artificialmente los costos”, declaró, revelando que el acuerdo prioriza la conexión directa entre productores agrícolas y procesadores. Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron a este medio que el pacto incluye cláusulas de auditoría mutua.

Sin embargo, documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia plantean dudas: ¿Cómo se fiscalizará el cumplimiento? Un informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de 2024 señala que el 68% de los acuerdos de contención de precios se rompen antes de 90 días. Sheinbaum reconoció el reto: “Estableceremos mesas de seguimiento con participación ciudadana”, prometió.

El plan incluye un componente social: en comunidades marginadas, el programa Alimentación para el Bienestar subsidiará parcialmente el producto. Testimonios de tortilleros en Chiapas, no obstante, revelan preocupación: “Si no llega el maíz a tiempo, el compromiso se vuelve papel mojado”, advirtió un productor bajo condición de anonimato.

Este reportaje continúa investigando: ¿Responderá el mecanismo ante fluctuaciones internacionales del grano? Expertos consultados coinciden en que la verdadera prueba llegará con la próxima cosecha.