Guanajuato crea registro público para agresores sexuales
Una cifra alarmante de 9,417 infantes y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales en Guanajuato durante los últimos cinco años, según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reveló esta estadística al presentar una iniciativa de ley ante el Congreso local para la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales.
En su programa semanal “Conectando con la Gente”, la mandataria estatal detalló que, del 2020 al 2025, la FGE registró 6,114 denuncias por abuso sexual a menores de edad, 2,625 por violación —265 de ellas clasificadas como violación equiparada—, 572 por acoso sexual, 3 por incesto y 103 por hostigamiento sexual.
La propuesta legislativa tiene como objetivo establecer un mecanismo de seguimiento para las personas sentenciadas por estos crímenes. Esto representa una capa adicional de seguridad, complementaria a las penas del Código Penal, diseñada para prevenir la reincidencia y romper ciclos de violencia contra la niñez y adolescencia.
La medida busca, por ejemplo, evitar que un individuo con estos antecedentes pueda ocupar posiciones de confianza y autoridad, como ser docente frente a un grupo o instructor deportivo.
La gobernadora explicó que el diseño de la iniciativa para Guanajuato se realizó con un análisis minucioso, poniendo en el centro el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
“¿Acaso no deseamos que nuestra niñez esté protegida en todo momento?”, cuestionó. Subrayó que el objetivo es que los agresores enfrenten una consecuencia que trascienda el cumplimiento de una sentencia privativa de libertad, estableciendo un mecanismo de transparencia que disuada la comisión de estas conductas.
Por su parte, el abogado Alejandro Sierra, consejero jurídico de la gobernadora, precisó que la iniciativa plantea reformar el Código Penal para incorporar un capítulo exclusivo que dé vida al Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
Este registro incluiría a todos los individuos ya sentenciados por un delito de violencia sexual en contra de un menor. La inscripción no se limitaría al periodo de reclusión, sino que se extendería por un plazo adicional de entre 10 y 30 años.
En una iniciativa paralela, se propone una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el fin de dotar a esta institución de las facultades legales necesarias para administrar y operar el registro.
