El debate sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles está de vuelta en el Congreso. Y esta vez viene con una propuesta concreta que busca evitar un desastre comunicacional.
El senador del PRI, Pablo Angulo, presentó una iniciativa para ampliar el plazo de registro. Quiere pasar de seis meses a dos años completos. Su argumento es claro: el tiempo actual es poco realista y podría dejar a millones de personas sin su línea.
“La normativa vigente no toma en cuenta las distintas condiciones sociales, tecnológicas y geográficas del país”, advirtió el legislador.
La idea central es la inclusión y la gradualidad. Angulo reconoce algo que en la práctica es obvio: no todos tenemos el mismo acceso o facilidad para hacer trámites. Comunidades rurales, personas mayores o con discapacidad enfrentan obstáculos mayores.
Pero ojo, esto no es quitar el registro. El senador fue enfático en aclarar ese punto.
“La ampliación del plazo no elimina el registro ni debilita la seguridad pública”, sostuvo.
De lo que se trata es de hacer las cosas bien. Una política mal ejecutada puede tener el efecto contrario al deseado: más líneas fantasmas o la exclusión de usuarios legítimos. La propuesta busca dar margen al Estado para fortalecer sus sistemas y evitar suspensiones masivas.
Al final, el mensaje es buscar un equilibrio. Combatir el delito y el fraude telefónico sí, pero sin sacrificar el derecho fundamental a la comunicación de quienes usan el celular para trabajar, estudiar o mantenerse conectados con sus familias.
