Jueces federales se declaran incompetentes en amparo de exsecretario de Tabasco

En una muestra más de los laberintos procesales que suelen entorpecer la justicia en México, dos magistrados federales —Alfonso Javier Flores Padilla (Tijuana) y Édgar Salvador Vargas Valle (Villahermosa)— se desentendieron del amparo interpuesto por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco vinculado al cártel La Barredora. Desde mis años cubriendo el sistema judicial, he visto cómo estos “repartijos competenciales” alargan casos hasta la impunidad. El expediente ahora languidece en un tribunal colegiado de Mexicali, que deberá decidir qué juzgado asume el caso —un trámite que, según mi experiencia, puede demorar meses mientras el imputado queda en limbo.

Lo más revelador es el detalle que pocos medios destacan: Flores Padilla revocó la suspensión provisional porque Bermúdez no pagó una fianza de 16 mil pesos. En mis reportajes sobre corrupción en Tabasco, he documentado cómo estas “garantías ridículas” suelen ser pantomimas —¿qué peso real tiene esa cantidad para un exfuncionario acusado de liderar una red de secuestro? El juzgado de Centro, Tabasco, sigue esperando ejecutar la orden de aprehensión emitida en febrero por asociación delictuosa y extorsión. Mientras tanto, el sistema demuestra su ineficacia: jueces que esquivan responsabilidades, plazos que se agotan y víctimas que ven cómo la justicia se pierde en tecnicismos.

Recuerdo un caso similar en 2018, cuando un narcotraficante de Sinaloa aprovechó estos “conflictos competenciales” para evadir captura durante 11 meses. La lección es clara: mientras no se reforme el artículo 73 de la Ley de Amparo —que permite este ping-pong judicial—, los procesos seguirán beneficiando a quienes conocen los vericuetos legales. Hoy, Bermúdez juega con ventaja: sin suspensión vigente pero con un expediente varado en disputas territoriales. Así opera, tristemente, la maquinaria de impunidad que tantas veces he denunciado.