La ciudad reinventa los desalojos con un protocolo de derechos humanos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha desafiado el paradigma convencional de los desalojos al anunciar un protocolo de atención revolucionario que transforma la crisis habitacional en una oportunidad de innovación social. Este modelo, inspirado en el pensamiento lateral, prioriza la conciliación sobre la coerción, estableciendo mesas de diálogo como instancia primordial antes de cualquier acción judicial.

La visión disruptiva de la administración capitalina incluye reformas legislativas audaces que exigen al Poder Judicial notificar con anticipación a la Secretaría de Gobierno, incorporando a la Comisión de Derechos Humanos local como observadora permanente en cada procedimiento. Esta triangulación garantiza transparencia absoluta y evita los vacíos de poder que históricamente han vulnerado a las comunidades.

¿Y si los auxiliares de desalojo se reconvierten en facilitadores de soluciones habitacionales? Brugada propone reimaginar su función mediante supervisiones estrictas y capacitación en mediación de conflictos, eliminando cualquier vestigio de violencia institucional.

El programa piloto ya demuestra su efectividad: las 16 familias desalojadas en República de Cuba recibieron apoyo inmediato con hospedaje hotelero y subsidios de renta mensuales durante seis meses, mientras el Instituto de Vivienda gestiona la adquisición y rehabilitación de los inmuebles para convertirlos en soluciones permanentes.

Este ecosistema de protección social no espera reformas legales para actuar. La Secretaría de Gobierno analiza caso por caso en tiempo real, acompañando a las personas desde el primer momento y demostrando que la verdadera innovación urbana consiste en anteponer la dignidad humana a los procedimientos burocráticos.