La Justicia Captura a un Burócrata del Crimen Organizado
CIUDAD DE MÉXICO. En un giro que confirma que el crimen en nuestro amado país ha alcanzado los más altos estándares de profesionalización, la Fiscalía de Michoacán ha logrado la monumental hazaña de aprehender a Jorge Armando N, alias “El Licenciado”. No se trata de un vulgar pistolero, ¡Dios nos libre! Es un operador criminal, un gerente de medio pelo con jurisdicción en cuatro regiones, quien, bajo las órdenes de su jefe, Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, orquestó el magnicidio municipal del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Por su eficiencia, ha sido premiado con un traslado a un penal federal, la suite ejecutiva del sistema carcelario.
Mediante un comunicado que rezuma la auto-satisfacción burocrática habitual, la FGE indicó que este triunfo es el resultado de un trabajo de inteligencia tan exhaustivo que requirió la coordinación de tres instituciones cuyo principal talento parece ser generar acrónimos: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y, por supuesto, ellos mismos. La Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso ejerció la acción penal tras reunir “datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y sobre todo científicos”. Ciencia, señores, porque planificar un asesinato por un grupo de mensajería instantánea es ahora una disciplina exacta.
El Siniestro Concurso de Eficiencia Criminal
Las indagatorias, nos cuentan, revelaron una estructura empresarial del mal. Participaron tres empleados: Víctor Manuel N, el “agresor directo” (y despedido en el acto, es decir, neutralizado); y Fernando Josué N y Ramiro N, encargados de Seguimiento y Logística. Este último, un coordinador operativo en tiempo real. Ambos fueron, casualmente, encontrados sin vida el 10 de noviembre, en lo que parece un reajuste de plantilla para “frenar el avance de las indagatorias”. La empresa limpia sus propios archivos.
El análisis de los dispositivos móviles desveló el alma de la operación: un grupo de mensajería. Allí, entre probablemente memes y mensajes de voz, se coordinó el magnicidio con la precisión de una junta de ventas. “El Licenciado” ejercía su liderazgo, emitía órdenes directas y supervisaba la ejecución. Una verdadera lástima que tan destacadas habilidades directivas se hayan desviado hacia el homicidio y no, digamos, hacia la administración pública, donde habrían pasado completamente desapercibidas.
El Gran Teatro de la Justicia
Con base en estas pruebas digitales irrefutables, el Ministerio Público solicitó una orden a un juez de control, quien magnánimamente la obsequió. Para cumplimentarla, se desplegó un operativo de seguridad interinstitucional de proporciones épicas, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Todo este poderío del Estado para trasladar a un burócrata del hampa a una celda, “en apego al respeto de sus derechos humanos”.
La FGE, en un arrebato de pomposidad, refrenda su “compromiso de mantener una estrecha coordinación” para que todos los involucrados “sean llevados ante los tribunales”. Una noble promesa en un reino donde los peces gordos suelen nadar en aguas demasiado profundas para las redes de la justicia, mientras los peces pequeños, o los que hablan de más, aparecen flotando sin vida.
