En un acto de realismo crudo que supera cualquier ficción, el Gobierno de Uruapan, en el epicentro del convulso Michoacán, ha proclamado la suspensión definitiva del desfile del 20 de noviembre. La razón esgrimida es la inseguridad galopante que asfixia al territorio, una verdad de Perogrullo que la autoridad municipal ha decidido elevar a la categoría de comunicado oficial. Esta monumental decisión llega con el eco aún fresco de los balazos que segaron la vida de su anterior regidor, Carlos Manzo, un homicidio que sumió a la nación en un estupor momentáneo. El Ejecutivo local, en un giro tragicómico, firma que la anulación también constituye un homenaje póstumo a la memoria del edil caído.
Así, el país que un día se lanzó a las armas para derrocar a un tirano, conmemorará el aniversario de su Gesta Revolucionaria escondiéndose de los nuevos tiranos. “Esta determinación se adopta con profunda responsabilidad y unción, privilegiando la integridad física y la paz mental de las familias uruapenses”, declama el pomposo escrito del Ejecutivo, ahora liderado por la viuda de Manzo, Grecia Itzel Quiroz, en lo que parece la trama de una saga monárquica hereditaria en plena república bananera.
El consenso unánime en el reino de la sinrazón
En una función parlamentaria que rivaliza con el teatro del absurdo, todas las fuerzas del Congreso Estatal brindaron su aval a Quiroz para que ocupara el trono municipal. No obstante, la coronación requirió de un día adicional de deliberación para que esa misma unanimidad rubricara su designación. La novel alcaldesa se comprometió entonces a proseguir el legado de su difunto esposo: “un gobierno próximo al ciudadano, diáfano y empeñado en remendar el maltrecho entramado social”, según la narrativa oficial del propio Ejecutivo.
El magnicidio de Manzo, perpetrado durante la festividad del Día de Muertos por un adolescente de 17 años al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desnudó ante el orbe la espiral de barbarie que devora a Michoacán, un feudo sitiado por el hampa organizada. La repercusión del ataque al funcionario local resonó con la habitual celeridad burocrática en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum desveló, con la puntualidad que caracteriza a lo urgente, un novedoso plan de pacificación para el estado, un mamotreto que promueve un centenar de iniciativas, incluyendo el envío de 5.000 soldados y una inversión faraónica de 57.000 millones de pesos. Ese mismo día, en un guiño a la eficacia, las autoridades capturaron a cinco presuntos malhechores del CJNG, una gota de justicia en un océano de impunidad.
La estadística como epitafio de la normalidad
Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) radiografiaron la zozobra que impera en el municipio de Uruapan. Un pasmoso 82,6% de la población estimó que la localidad era un antro de peligro en el tercer trimestre del año. Esta percepción catapultó al territorio al quinto puesto del podio nacional del horror, solo superado por Culiacán (en Sinaloa, con un 88,3%), Ecatepec (en el Estado de México, con un 84,4%), Cuernavaca (en Morelos, con un 84,2%) y Ciudad Obregón (en Sonora, con un 83,6%). Aunque este dato supuso un “alentador” descenso desde el 89,5% del trimestre precedente, el índice de terror cotidiano sigue erigiéndose en el principal quebradero de cabeza. La frialdad del porcentaje continúa reflejando, sin ambages, la crudeza de la existencia en este rincón de la patria.
