Un colectivo de más de 200 magistrados de circuito y jueces federales, quienes declinaron participar en el proceso electoral judicial, exigieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el resguardo inmediato de las compensaciones económicas que les corresponden por abandonar sus candidaturas. La demanda surge tras la polémica transferencia de los fideicomisos destinados a estas indemnizaciones —administrados por Nacional Financiera— a la Tesorería de la Federación, un movimiento interpretado como una amenaza a la autonomía judicial.
En un comunicado urgente, los juristas advirtieron que esta acción vulnera el Estado de Derecho, especialmente el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial de 2024. “Grupos afines al oficialismo pretenden desviar recursos públicos sin respetar los marcos legales”, denunciaron, subrayando la necesidad de transparencia en el uso de fondos destinados a garantizar la independencia del poder judicial.
El conflicto refleja la tensión entre los poderes del Estado en medio de la modernización del sistema judicial, donde tecnologías como blockchain para la trazabilidad de fondos o plataformas digitales de rendición de cuentas podrían prevenir estos vacíos de transparencia.
