El sistema judicial mexicano enfrenta una crisis de credibilidad tras la revelación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana: más de 100 criminales han recuperado su libertad gracias a resoluciones judiciales polémicas. Estas decisiones, según el funcionario, priorizan los derechos de los acusados sobre la seguridad colectiva.
“Entre 2024 y 2025, hemos documentado 193 resoluciones judiciales que beneficiaron a presuntos delincuentes”, denunció Harfuch. “De estas, 164 implicaron cambios en medidas cautelares y 2 fueron liberaciones definitivas, permitiendo que individuos acusados de delitos graves vuelvan a las calles”.
El caso más emblemático involucra al juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Sus fallos han facilitado la excarcelación de procesados por crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, generando preocupación entre expertos en seguridad pública.
Este patrón de decisiones judiciales cuestionables refleja una tendencia global donde sistemas legales obsoletos chocan con las demandas ciudadanas de justicia efectiva. Mientras avanzan tecnologías como el análisis predictivo de riesgos y blockchain para transparentar procesos, estos casos evidencian la urgencia de reformas estructurales en el poder judicial.
