La reciente disposición del gobierno federal que obliga al registro de todas las líneas de telefonía móvil ha generado, en cuestión de días, un mercado paralelo e irregular. Bajo el lema “No te quedes sin línea”, vendedores en plataformas como Facebook Marketplace ofrecen chips de operadores como Telcel o Bait, supuestamente ya registrados y listos para usar, a precios que oscilan entre los 27 y los mil pesos.
Esta práctica, detectada principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, busca explotar el desconcierto o la reticencia de algunos usuarios a compartir sus datos personales con las autoridades. La mecánica es sencilla y preocupante. Estos distribuidores, que suelen citar a compradores en estaciones del Metro para concretar las transacciones, venden lotes de tarjetas SIM que, según afirman, ya han sido dadas de alta en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Al adquirir uno de estos chips, el usuario evita por completo el trámite oficial. Una verificación realizada por este medio confirmó que, al intentar registrar uno de estos números en la plataforma oficial de la empresa, el sistema rechazó la operación porque el número ya constaba como inscrito previamente. Esto implica que alguien, presumiblemente el vendedor, utilizó datos personales, reales o falsos, para cumplir con el requisito legal en nombre del comprador final, quien queda al margen del proceso y de cualquier control. 
El fenómeno no se limita a la venta de chips pre-registrados. La oferta ha escalado hacia un servicio más complejo y delictivo: la fabricación y venta de credenciales de elector del INE apócrifas. Por montos que van de los 450 pesos por una versión digital a los mil pesos por una física, estos vendedores prometen crear identificaciones oficiales falsas “con todos los logos, sellos de seguridad, relieves y marcas de agua”, incluso capaces de pasar pruebas de luz ultravioleta y con códigos QR validados.
El comprador puede solicitar que la credencial contenga datos completamente ficticios, para lo cual el fabricante se compromete a generar no solo la credencial, sino también una CURP y una inscripción falsa en el Padrón Electoral y la Lista Nominal, simulando una identidad legal inexistente. 
Los vendedores solicitan al cliente información básica —nombre, fecha de nacimiento, dirección y una fotografía— y se encargan de todo el proceso de diseño y manufactura de la identificación falsa, incluyendo la generación de una firma. La promesa es que el documento será indistinguible de uno original y servirá para cualquier trámite, lo que representa una grave vulneración de los sistemas de verificación de identidad y un riesgo severo para la seguridad nacional. La aparición de este mercado negro apenas una semana después del anuncio de la medida gubernamental revela una rápida adaptación del crimen organizado para explotar las grietas de una nueva regulación. Si bien el objetivo oficial del registro es combatir extorsiones y fraudes telefónicos, este efecto colateral podría tener el resultado contrario.
La circulación de líneas registradas con datos falsos o robados, y respaldadas por identificaciones oficiales falsificadas, podría dificultar aún más el rastreo de actividades delictivas, en lugar de impedirlas. La medida, en principio de seguridad, se ve así socavada por un ecosistema ilegal que ofrece anonimato a cambio de dinero, planteando un desafío inmediato para las autoridades de telecomunicaciones, seguridad y fiscalía, quienes ahora deben perseguir no solo a los usuarios que evaden el registro, sino a las redes organizadas que facilitan el fraude a escala industrial.
