México busca expertos de la ONU para reactivar caso Ayotzinapa

En un giro estratégico para desbloquear una investigación estancada, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la búsqueda de un nuevo panel de especialistas forenses y de derechos humanos con el aval de Naciones Unidas. Este movimiento surge tras una reunión tensa con los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, quienes exigen imparcialidad y avances concretos tras una década de impunidad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, liderará la aproximación al organismo internacional para identificar perfiles de expertos que integren un grupo independiente. La medida busca reconfigurar un mecanismo de investigación tras la salida del GIEI en 2023, que denunció la obstrucción sistemática por parte del Ejército mexicano al negarse a compartir información crucial.

El nuevo enfoque, impulsado por la fiscalía a cargo de Mauricio Pazarán, apuesta por una metodología ultramoderna: el análisis forense digital de dispositivos móviles y metadatos de llamadas de los teléfonos de dos víctimas que permanecieron activos después de los hechos. Sheinbaum defiende esta ruta tecnológica como una vía inexplorada que podría deconstruir la narrativa oficial y generar evidencia sólida para órdenes de aprehensión.

Sin embargo, los colectivos de familiares mantienen escepticismo. Insisten en que no se descarten las líneas de investigación basadas en testimonios que señalan la responsabilidad del Estado y piden la reintegración de los expertos del GIEI como garantes de transparencia. La presidenta ha descartado que el nuevo equipo esté formado por los mismos integrantes, citando conflictos pasados.

Este acercamiento a la ONU ocurre en un contexto de presión internacional. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha calificado las desapariciones en México como “sistemáticas” y ha criticado abiertamente la estrategia de militarización del país, un señalamiento que Sheinbaum ha confrontado con firmeza.

La apuesta es clara: fusionar la presión internacional con tecnología de vanguardia para rescribir un capítulo oscuro de la historia reciente de México. El objetivo final es lograr una justicia transicional que, mediante pruebas científicas irrefutables, determine el paradero de los jóvenes y siente un precedente en la lucha contra la impunidad.