México vive una emergencia humanitaria: en el primer semestre de 2025 se registraron 338 feminicidios y 1,082 homicidios dolosos contra mujeres, según datos del SESNSP. Esto equivale a ocho mujeres asesinadas diariamente, un panorama que exige soluciones disruptivas y políticas públicas con perspectiva de género.
Los epicentros de esta violencia machista son Culiacán y Ciudad Juárez, con nueve casos cada uno, seguidos por Tijuana (ocho) y municipios de Tabasco y Tamaulipas (cinco cada uno). Las armas de fuego y objetos punzocortantes son los instrumentos más usados, pero 144 casos involucraron métodos aún más brutales.
El Estado de México lidera esta macabra estadística con 33 víctimas, seguido por Chihuahua (21) y Sinaloa (20). Juntas, estas entidades concentran casi un tercio de los feminicidios nacionales. En homicidios dolosos, Guanajuato registra 201 casos, evidenciando fallas sistémicas en la protección a mujeres.
La crisis se extiende a otros delitos: 39,857 lesiones dolosas, 2,126 extorsiones y 271 casos de trata (70% contra mujeres). Los datos más escalofriantes revelan que el 100% de las víctimas de tráfico infantil son niñas, mientras que en delitos sexuales, las mujeres representan el 93.5% de los afectados.
Las llamadas de emergencia pintan un panorama desolador: 138,575 por violencia de pareja y 266,689 por violencia familiar. Estas cifras demandan no solo reformas legales, sino un cambio cultural urgente, apoyado en tecnología forense, big data para prevención y campañas de concientización con impacto real.
Ante esta emergencia nacional, colectivos feministas exigen acciones concretas: desde tribunales especializados hasta ciudades inteligentes con botones de pánico geolocalizados. La solución requiere innovación social, presupuestos con perspectiva de género y una alianza entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.
