El polémico dictamen que divide al Congreso
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dado un paso decisivo, aunque no exento de controversia, al aprobar por mayoría la reforma a la Ley General de Salud que decreta la prohibición absoluta de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, comúnmente conocidos como vapeadores, en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué intereses y presiones se esconden detrás de este voto? El dictamen fue respaldado por 27 votos de los partidos oficialistas Morena, PT y PVEM, mientras que las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su oposición; el registro de una abstención añade un matiz más a una sesión que derivó en un fuerte altercado, revelando las profundas grietas en el consenso legislativo.
La iniciativa presidencial y su alcance punitivo
La propuesta, enviada de manera prioritaria por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla penas de uno a ocho años de prisión para cualquier individuo que adquiera, fabrique, comercialice o incluso promueva el uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. La investigación revela que el marco sancionador también prevé multas económicas que pueden alcanzar un monto equivalente a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, una cifra que busca ser disuasoria, pero que plantea dudas sobre su aplicabilidad real en el mercado negro que inevitablemente podría surgir.
Una red de sanciones que abarca toda la cadena
Al profundizar en los documentos del dictamen, se descubre que las sanciones están diseñadas para castigar a toda la cadena de suministro y distribución. Esto incluye actividades de preparación, mezclado, envasado, almacenamiento, importación, exportación y transporte con fines comerciales. De manera significativa, incluso la publicidad o propaganda destinada a fomentar su consumo será perseguida y castigada penalmente, un aspecto que, según testimonios de expertos consultados, podría tener implicaciones complejas para la libertad de expresión y marcar un precedente en la regulación de productos de consumo.
La revelación final: Más allá de la salud pública
La narrativa oficial se centra en la protección de la salud, particularmente de los jóvenes. Sin embargo, una mirada investigativa conecta puntos que van más allá: la brusca prohibición total, en lugar de un marco regulatorio, plantea interrogantes sobre la estrategia para combatir el contrabando existente y si esta medida no terminará, paradójicamente, fortaleciendo a las redes ilícitas. La conclusión es clara: esta no es solo una batalla por la salud pulmonar, sino un experimento legislativo de alto riesgo con consecuencias económicas y sociales imprevisibles que estamos obligados a seguir de cerca.
