La euforia por el anuncio de las tres fechas de BTS en México para mayo del 2026 fue casi instantánea. Pero entre el fervor de las ARMYs, una voz se alzó con escepticismo y una advertencia.
El legislador Jorge Álvarez Máynez no celebró. Envió un exhorto formal a la Procuraduría Federal del Consumidor. Su mensaje fue claro: “meter mano” antes de que lo hagan las empresas boleteras.
“Hoy se anunció que BTS viene a México. Por eso, hemos solicitado… que se publiquen de manera anticipada y clara: Precios, Cargos, Mapas de asientos, Condiciones completas… conforme a los principios de información veraz y trato justo,” publicó.
Su movimiento no es paranoia. Es una respuesta directa a un patrón. Shows anteriores han estado plagados de altos costos ocultos, cambios en escenarios y comisiones no anunciadas. Los fans, en su desesperación por asistir, a menudo pagan primero y preguntan después.
¿Qué están pidiendo exactamente? Transparencia total desde el minuto uno. Que las plataformas revelen todos los cargos, los mapas reales del lugar y los términos completos antes de que alguien haga clic en “comprar”. Es una batalla por evitar que la emoción sea utilizada como cortina de humo para prácticas cuestionables.
La conclusión es incómoda pero necesaria. La llegada de un fenómeno global no debería ser sinónimo de un campo minado para el consumidor. La petición del legislador pone sobre la mesa una verdad incómoda: en la industria del entretenimiento masivo, la defensa del fan a veces debe empezar en el escritorio de un burócrata, mucho antes de que suene la primera nota.
