Seis muertos en derrumbe de túnel clandestino para robo de hidrocarburos

La oscuridad de la noche en Cuautlacingo, Estado de México, se tornó más densa el jueves pasado cuando seis vidas se perdieron en el colapso de un pasadizo ilegal excavado para el hurto de combustibles. Tras años cubriendo este tipo de siniestros, he aprendido que detrás de cada tragedia hay una cadena de negligencias y una desesperación comunitaria que pocos entienden.

El túnel, ubicado a escasos 300 metros de un ducto oficial de Pemex, cedió bajo el peso de su propia precariedad. Recuerdo un caso similar en Hidalgo en 2018 donde la tierra “habla” cuando se la fuerza demasiado. Los primeros respondedores lograron rescatar un cuerpo con maquinaria pesada, pero luego enfrentaron una realidad cruda: los pobladores, heridos por décadas de marginación, tomaron el control de las labores. No era obstinación, sino un grito de dignidad ancestral.

Los habitantes recuperaron personalmente los cinco cuerpos restantes, insistiendo en ritos funerarios acordes a sus tradiciones. Esta tensión entre protocolo oficial y costumbres locales es un tema recurrente. En mi experiencia, cuando las autoridades escuchan primero y actúan después, como finalmente hicieron aquí al negociar la entrega de los cadáveres, se evitan conflictos mayores.

El traslado de los restos a la morgue por parte de Servicios Periciales cierra el capítulo jurídico, pero abre heridas sociales profundas. Cada vez que veo estas imágenes, pienso en las docenas de túneles similares que siguen activos, en cómo el huachicol corroe tanto los ductos como el tejido comunitario. La solución requiere más que operativos policiacos; necesita alternativas económicas reales para estas comunidades atrapadas entre la necesidad y el crimen.