En un despliegue de optimismo numérico que haría palidecer a cualquier contador, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde Palacio Nacional que la recaudación federal para 2025 alcanzó la astronómica cifra de 6.045 billones de pesos. Lo calificó, cómo no, como un “récord histórico”.
Pero más allá de la fanfarria fiscal, el mensaje central fue otro: la guerra contra los evasores está declarada. Sheinbaum detalló un aumento constante desde 2019, atribuyéndolo en parte a una menor evasión. Para ilustrarlo, soltó una retahíla de cifras que sonaron a conjuro mágico para sanar las finanzas públicas.
“2019, 4 billones; 2020, 4.2 billones… 2025, récord de recaudación, 4.8% más en términos reales”, explicó con la precisión de quien ha memorizado el guion del éxito.
Sin embargo, la verdadera noticia no fueron los números del pasado, sino el objetivo para el futuro inmediato. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene en la mira a un enemigo público número uno: las llamadas “empresas factureras”, dedicadas al fraude fiscal.
“Todavía hay personas que quieren hacer fraudes con las facturas, y por eso vamos sobre eso”, advirtió Sheinbaum, recordando que los cambios constitucionales y penales han armado al fisco con nuevos dientes para morder. La promesa es clara: la fiesta de la evasión tiene los días contados.
