El Congreso del Estado de Tamaulipas ha iniciado un proceso de revisión integral sobre la operación de empresas de seguridad privada, tras identificar un patrón de funcionamiento al margen de la ley que genera riesgos tanto para los trabajadores como para la ciudadanía. La iniciativa legislativa surge como respuesta a denuncias recurrentes que apuntan a irregularidades laborales, ausencia de permisos oficiales y prácticas de competencia desleal que distorsionan el mercado y comprometen la calidad del servicio.
El diputado local Marco Antonio Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, detalló que una de las principales fallas detectadas es el sistemático incumplimiento de los derechos laborales más básicos. Según las quejas recibidas, numerosas compañías del sector no proporcionan seguridad social a sus empleados, una omisión grave que deja a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad absoluta. Gallegos Galván enfatizó que el primer mandato para cualquier empresa debe ser el estricto apego a la ley en materia laboral, incluyendo no solo la afiliación al seguro social, sino también el pago de salarios justos y el respeto a las jornadas de trabajo establecidas. La precariedad en estas condiciones, advirtió, no solo es una injusticia, sino que puede afectar directamente la eficacia y profesionalismo del servicio de seguridad que se ofrece al público.
Otro eje crítico de la investigación se centra en la legalidad misma de la operación de estas empresas. El legislador explicó que, para funcionar, una compañía de seguridad privada debe contar con la anuencia expresa tanto del municipio donde presta sus servicios como del gobierno del estado. Sin embargo, la revisión preliminar ha detectado la presencia de organizaciones que operan sin cumplir con ningún tipo de regulación, careciendo de los permisos y autorizaciones indispensables. Esta situación crea un vacío de supervisión donde las empresas operan sin control sobre los perfiles de su personal, sus protocolos de actuación o los equipos que utilizan, lo que constituye un riesgo latente para la seguridad de quienes contratan sus servicios.
Gallegos Galván extendió la responsabilidad más allá de las empresas mismas, dirigiéndose también a los clientes que las contratan. Hizo un llamado a empresas, comercios y particulares a ejercer una debida diligencia, verificando que la compañía de seguridad que pretenden contratar cuente con toda la documentación en regla antes de formalizar cualquier acuerdo. Esta práctica, señaló, no es solo una medida de precaución legal, sino la única manera de asegurar que el servicio recibido sea profesional, confiable y sujeto a los marcos de responsabilidad establecidos. La decisión de contratar una empresa irregular, aunque pueda parecer más económica a corto plazo, conlleva un alto riesgo operativo y legal.
El fenómeno de las empresas irregulares, comúnmente denominadas “patito”, ha generado además una distorsión del mercado que perjudica a las compañías formales. Estas últimas, que asumen los costos de cumplir con todas las obligaciones fiscales, laborales y de permisos, se ven sometidas a una competencia desleal por parte de actores que ofrecen precios bajos precisamente porque eluden sus responsabilidades legales. Esta dinámica no solo amenaza la viabilidad económica de los negocios serios, sino que degrada la calidad general del sector y expone a los usuarios a servicios prestados por personal posiblemente no capacitado y sin supervisión.
Ante este escenario, el Poder Legislativo de Tamaulipas se ha impuesto la tarea de realizar un diagnóstico profundo durante el actual periodo de sesiones. El objetivo es identificar con precisión las fallas en la aplicación de la normativa vigente y detectar posibles lagunas legales que estén siendo aprovechadas por estas empresas. El análisis no se limitará a la denuncia, sino que buscará sentar las bases para una solución estructural. Gallegos Galván concluyó que, una vez identificados los puntos de quiebre, el Congreso está dispuesto a impulsar las modificaciones legales necesarias para fortalecer el marco regulatorio, garantizar el cumplimiento de la ley y restaurar el orden en un sector que, por su propia naturaleza, debe ser sinónimo de confianza y profesionalismo.
