El dinero con el que compensan a abuelos está siendo usado por familiares, quienes solo aprovechan del recurso, pero que abandonan a su suerte, aseguró el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tampico.
El procurador de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF de Tampico, Luis Llorente Herrera, destacó que por ahora estás personas están siendo resguardadas en el refugio temporal.
«Tenemos unos 6 casos en lo que va del año, gente ha llegado por su propio pie al refugio y restituirlo; Desgraciadamente la cuestión económica, pero no tanto porque no puedan solventar los gastos de ellos, sino porque se están aprovechando del apoyo que le está dando el Gobierno Federal y esos recursos se los quitan y a ellos los dejan desprotegidos», aseguró.
Afirmó el entrevistado que ha crecido mucho el abandono social más en estas épocas, donde batallan un poquito, y donde no hay un refugio permanente, aunque las autoridades municipales están haciendo un esfuerzo para por lo menos tener un refugio temporal con el que ahora se cuenta. Señaló que un ejemplo, es el caso de una persona de la tercera edad que llegó al Centro de Salud de Tampico, exponiendo que no le querían en su casa.
«Nos mandaron a llamar del Centro de Salud para verificar la situación de una persona que se encuentra en abandono, pero la persona nos está indicando su domicilio y nuestra labor es ir a checar, si tiene familia y saber qué es lo que está pasando, cuál es el motivo porque no le quieren dar estancia en su casa o por qué lo están echando como él dice; es muy importante señalar que puede constituirse como un delito», mencionó.
Refirió que, en la mayoría, el problema se debe a las tarjetas que les dan a los adultos mayores, y que la aprovechas terceros, y después los abandonan.
«Él dice que lo echan a la calle, que lo sacan y que no lo quieren atender, ya nos entrevistamos con él y vamos a su domicilio a investigar su situación», dijo.
Asimismo, detalló que presentaron dos denuncias por abandono social y las carpetas están abiertas, en el que la Procuraduría del DIF va aportando elementos, datos de prueba para que el Ministerio Público tenga elementos, y si es necesario, judicializarse el asunto.
Fuente: Milenio.
