Reforma a ley de desapariciones genera alerta por retroceso en derechos

¿Qué pasaría si la solución tecnocrática a una tragedia humana profundizara la crisis? Organizaciones globales y locales han levantado la voz ante una reforma que, lejos de resolver el flagelo de las desapariciones en México, podría institucionalizar la violación sistemática de derechos fundamentales. La propuesta, aprobada en comisiones del Senado, opera bajo una peligrosa ilusión: que interconectar bases de datos equivale a justicia.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) desnuda el núcleo del problema: la creación de una Plataforma Única de Identidad con acceso irrestricto a información sensible. Imaginen un sistema donde datos biométricos y CURP se convierten en llaves maestras para el control social, sin cortapisas judiciales. Esto no es ciencia ficción distópica; es el proyecto que podría convertir al Estado en un gran hermano vulnerador de privacidad.

Pero la innovación disruptiva aparece donde menos se espera. ¿Y si en lugar de centralizar el poder, se descentralizara la búsqueda? Blockchain para rastreos forenses colaborativos o inteligencia artificial predictiva aplicada a patrones de desaparición son alternativas que ningún legislador está considerando. Mientras, el Centro Prodh revela la paradoja: una reforma que promete avances técnicos pero retrocede en garantías sustantivas.

Los colectivos de familiares, esos héroes cotidianos que han hecho más con apps caseras y redes comunitarias que todo el aparato estatal, lanzan una pregunta incómoda: ¿Cómo pretenden atender a 129 mil casos con soluciones burocráticas? Su grito resuena: “No necesitamos simulacros tecnológicos, sino transformaciones radicales en la procuración de justicia”.

Mientras el establishment político celebra acuerdos de escritorio, la verdadera innovación sigue naciendo desde abajo. La pregunta que queda flotando es ¿cuándo entenderán que contra la complejidad del mal, solo la creatividad ética ofrece salidas?