En el corazón de Palacio Nacional, durante la 52 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum delineó una ambiciosa meta: convertir la homologación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión en el arma definitiva para erradicar este delito. Pero, más allá del discurso oficial, ¿qué tan profundo es el cambio que promete esta normativa?
La mandataria enfatizó que el objetivo es un ataque coordinado en las 32 entidades federativas, una pieza clave dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. “Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos… y creo que trabajando juntos… podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, afirmó. Sin embargo, la pregunta que flota en el ambiente es si la mera coordinación y una nueva ley serán suficientes para desarticular un ilícito tan arraigado y de múltiples caras.
El giro paradigmático: de la denuncia a la persecución de oficio
Sheinbaum reveló lo que podría ser el eje transformador: históricamente, la extorsión dependía casi exclusivamente de la valentía de la víctima para formalizar una querella. La nueva legislación, según su exposición, perseguirá este crimen de oficio, trasladando la responsabilidad primordial del ciudadano agraviado al aparato estatal. Además, prometió que un registro telefónico robusto impedirá que el teléfono celular siga siendo el instrumento predilecto de los extorsionadores. ¿Lograrán estas medidas burocráticas penetrar el muro de silencio y temor que caracteriza a este flagelo?
Las cifras del operativo: ¿una narrativa de éxito o un panorama incompleto?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aportó los números que buscan cimentar la credibilidad de la ofensiva. En los primeros catorce meses de gobierno, se registra la detención de más de 38,700 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 20,000 armas y la incautación de más de 311 toneladas de droga, junto con el desmantelamiento de 1,700 laboratorios de metanfetaminas. En el combate específico a la extorsión, destacó la captura de más de 600 presuntos implicados en 22 entidades.
No obstante, el periodismo investigativo debe cuestionar más allá de las estadísticas agregadas. ¿Quiénes son esos detenidos? ¿Se trata de eslabones operativos menores o se ha logrado impactar a los cerebros financieros y logísticos de las redes de extorsión? La distribución geográfica de los arrestos plantea otra incógnita: ¿qué sucede en las diez entidades restantes donde, según el reporte, no se mencionan capturas relevantes?
La conclusión que emerge de este análisis no es una simple validación de las cifras oficiales. La verdad oculta reside en la brecha entre la implementación normativa y la realidad territorial. La nueva ley es un marco necesario, un cambio de paradigma que libera a la víctima. Sin embargo, la revelación significativa es que su éxito no se medirá en artículos legales homologados, sino en la capacidad de las fiscalías locales —a menudo frágiles y penetradas— para investigar con autonomía y eficacia, y en la protección real a los testigos. La batalla contra la extorsión apenas comienza a transitar del discurso coordinado a la compleja y peligrosa ejecución en calles y despachos. La próxima sesión del Consejo, dentro de un año, deberá ofrecer no solo porcentajes, sino testimonios de ciudadanos que, por primera vez, sientan que el Estado los respalda antes de que el teléfono suene.
