El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado una “emergencia nacional” con el objetivo específico de proteger, dentro de cuentas del Tesoro estadounidense, los ingresos generados por las ventas de petróleo venezolano. El núcleo de esta medida ejecutiva es impedir que los numerosos acreedores que reclaman el pago de la deuda externa de Venezuela puedan embargar o reclamar judicialmente esos fondos. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, la acción busca prevenir la incautación de estos recursos petroleros, un escenario que, según la administración Trump, socavaría los esfuerzos críticos de Washington para garantizar la estabilidad política y económica del país sudamericano. La orden ejecutiva firmada por Trump bloquea de manera explícita cualquier tipo de proceso judicial, incluyendo embargos, juicios, decretos o ejecuciones, contra los fondos que se encuentren en cuentas del gobierno de Estados Unidos y que provengan de las transacciones de crudo venezolano. Además, prohíbe cualquier transferencia o transacción con estos recursos. La Casa Blanca fundamentó la decisión al afirmar que “los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EU para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados”. Esta declaración establece un estatus legal especial para el dinero, alejándolo del ámbito de los tribunales civiles donde los acreedores podrían litigar. Esta decisión se produce inmediatamente después de una reunión, celebrada el viernes, entre Trump y ejecutivos de grandes compañías petroleras internacionales. En ese encuentro, el mandatario ofreció “protección y seguridad del gobierno” a largo plazo, con la meta declarada de atraer inversiones por 100 mil millones de dólares hacia la deteriorada industria energética venezolana. Sin embargo, durante la misma cita, los propios ejecutivos expresaron su profundo escepticismo, citando la persistente incertidumbre regulatoria y el histórico de expropiaciones llevadas a cabo por los gobiernos chavistas, primero bajo Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. La medida también consolida y formaliza el anuncio realizado días antes por el secretario de Energía, Chris Wright, quien advirtió que Estados Unidos controlaría de forma “indefinida” las ventas de crudo venezolano, depositando los ingresos en cuentas gubernamentales estadounidenses para, en teoría, “beneficiar al pueblo de Venezuela”. Washington añadió una justificación de seguridad nacional a la orden, argumentando que permitir el embargo de estos fondos pondría en riesgo sus objetivos de frenar el flujo de inmigrantes ilegales y narcóticos ilícitos hacia su territorio, factores que identifica como las principales razones para su intervención en la crisis venezolana. El contexto del endeudamiento y los reclamos internacionales es fundamental para entender el alcance de esta decisión. Tras la oleada de expropiaciones en el sector petrolero iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela ha enfrentado cerca de 60 procesos de arbitraje internacional desde el año 2000. El valor total estimado de estas reclamaciones asciende a aproximadamente 30 mil millones de dólares, lo que equivale a casi el 15 por ciento de la deuda internacional total del país, según datos del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. Al proteger estos ingresos petroleros de los acreedores, la administración Trump busca no solo controlar un flujo financiero vital, sino también consolidar un instrumento de presión económica clave dentro de su estrategia más amplia hacia Venezuela, manteniendo los recursos fuera del alcance tanto del gobierno de Maduro como de sus numerosos demandantes en tribunales extranjeros.
