Una falla crítica en los protocolos de seguridad para el traslado de efectivo derivó en un asalto de alto impacto este lunes 5 de enero en Ciudad Victoria. Un empleado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado fue despojado de 600 mil pesos en efectivo por un sujeto que operaba bajo la fachada de un repartidor de plataforma digital.
El incidente, registrado a las 14:50 horas en el estacionamiento de una sucursal bancaria sobre el Bulevar Adolfo López Mateos, una de las arterias comerciales más transitadas de la capital tamaulipeca, revela un modus operandi que combina planeación, inteligencia y una vulnerabilidad sistémica en los procedimientos de las instituciones públicas. Según el reporte preliminar de la Unidad General de Investigación, la víctima fue interceptada justo antes de ingresar a la institución financiera.
El perpetrador, utilizando una motocicleta tipo scooter o de trabajo y vistiendo una chamarra gris con un casco verde, simulaba ser socio conductor de una aplicación de delivery, un disfraz que le permitió mimetizarse en el entorno urbano sin levantar sospechas. Las primeras investigaciones señalan que el agresor usó un arma de fuego para amedrentar a la víctima y proceder a la extracción directa del efectivo.
La precisión del ataque, ejecutado en un momento y lugar específicos, sugiere fuertemente un trabajo de inteligencia previo, un posible “pitazo” o un periodo de vigilancia para estudiar los movimientos y rutinas del empleado y de la institución. La reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata pero insuficiente. Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas desplegaron un operativo de búsqueda en el perímetro del Bulevar López Mateos y zonas aledañas tras el reporte al 911.
Sin embargo, el agresor logró evadir el cerco policial, aprovechando la alta movilidad y maniobrabilidad de la motocicleta en el denso tráfico vespertino, una ventaja táctica que los operativos terrestres tradicionales tienen dificultades para contrarrestar de manera efectiva en tiempo real. Este evento trasciende el hecho delictivo aislado y se convierte en un caso de estudio sobre las vulnerabilidades operativas.
La sustracción de una suma tan considerable, destinada presumiblemente a las arcas de un organismo público de servicios básicos, plantea interrogantes serios sobre los procedimientos internos de COMAPA. ¿Por qué un empleado trasladaba solo una cantidad tan elevada en efectivo?
¿Existen protocolos documentados y entrenamiento específico para estos movimientos? ¿Se contemplan esquemas de custodia armada, vehículos blindados o transferencias electrónicas para minimizar el riesgo? La ausencia de estas medidas, o su inaplicación, crea un vacío de seguridad que los grupos delictivos identifican y explotan. El modus operandi del falso repartidor no es novedoso a nivel nacional, pero su ejecución exitosa en este contexto es sintomática.
Refleja una adaptación del crimen a las nuevas dinámicas urbanas, donde la proliferación de servicios de delivery ofrece un camuflaje perfecto. Este caso debe servir como una alerta urgente no solo para COMAPA, sino para todas las dependencias gubernamentales y empresas privadas que manejan flujos constantes de efectivo. La revisión y fortalecimiento de los protocolos, la inversión en tecnología para transferencias seguras y la capacitación constante del personal son pasos ineludibles.
La seguridad en el manejo de recursos públicos no es un gasto administrativo, es una obligación fundamental para proteger el patrimonio colectivo y, sobre todo, la integridad física de los empleados que, como en este caso, se convierten en el eslabón más expuesto de una cadena de vulnerabilidades. El impacto final recae en la ciudadanía, que ve cómo recursos destinados a mejorar servicios como el agua potable pueden esfumarse en segundos debido a fallas de planeación que son, en esencia, previsibles y mitigables.
