En un arrebato de patriotismo económico sin precedentes, el emperador de Mar-a-Lago, Donald Trump, ha proclamado desde su púlpito digital Truth Social la imposición de aranceles del cien por ciento a toda película que ose mancillar la pureza de las pantallas estadounidenses con su origen foráneo. Una idea tan novedosa que ya había sido desempolvada en mayo, como esos trajes vintage que pretenden pasar por última moda.
El estadista republicano, con la elocuencia de un profeta bíblico, declaró que esta medida draconiana es indispensable porque naciones insurrectas le han “saqueado” el negocio del celuloide. Por supuesto, no se trata de una reacción visceral contra la globalización que él mismo abraza cuando conviene, sino de una cruzada moral para rescatar el alma de Hollywood de las garras de productores herejes.
“Para resolver este problema interminable”, vociferó el magnate, “impongo una cuarentena cultural con gravámenes del ciento por ciento a todo filme concebido más allá de las sagradas fronteras”. Una solución tan sutil como un mazo, que ignora olímpicamente los intrincados mecanismos de la industria del entretenimiento global.
Como todo decreto visionario, carece de detalles mundanos como plazos de aplicación. Tampoco aclara si las series televisivas, ese caballo de Troya de la narrativa contemporánea, sufrirán el mismo ostracismo fiscal. Mientras tanto, la Meca del Cine, esa ciudad mitológica en California, observa con estupor cómo programas de incentivos fiscales en reinos bárbaros como Reino Unido o Francia seducen a sus productores con el vil metal.
En este nuevo orden, las películas deberán llevar un pasaporte estadounidense para evitar el impuesto de la pureza. Una jugada maestra que, sin duda, devolverá a los estudios a su esplendor dorado, justo cuando el mundo entero rueda escenas en sus patios traseros. La cortina de acero cultural se descorre, y el espectáculo, aunque más caro, promete ser profundamente local.
