La Corte Suprema autoriza a DOGE acceder a datos del Seguro Social

WASHINGTON — En un fallo que marca un precedente en la era digital, la Corte Suprema de EE.UU. respaldó este viernes al gobierno de Donald Trump al permitir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceda a los sistemas del Seguro Social, un repositorio de información personal de millones de ciudadanos. La decisión, impulsada por la mayoría conservadora del tribunal, desata un debate sobre privacidad, transparencia y el futuro de la gestión de datos masivos.

El veredicto llega en un contexto de creciente tensión entre la administración Trump y Elon Musk, exlíder de DOGE y figura clave en la intersección entre tecnología y política. Musk, quien ha calificado al Seguro Social como un “esquema insostenible”, impulsó reformas radicales durante su gestión, aunque su salida dejó el futuro de la agencia en incertidumbre.

La corte anuló una restricción previa que limitaba el acceso de DOGE a los registros de la SSA, argumentando que el equipo requiere datos para cumplir su misión de optimizar el gasto público. Sin embargo, jueces progresistas como Ketanji Brown Jackson alertaron sobre “riesgos graves para la privacidad”, al otorgar acceso sin garantías claras de protección.

Este fallo refleja la creciente influencia de los enfoques disruptivos en la gestión pública, donde big data e inteligencia artificial chocan con derechos fundamentales. Mientras Trump defiende la medida como clave para combatir el fraude, críticos la ven como una “pesca de datos” sin supervisión adecuada.

Paralelamente, la corte suspendió órdenes que exigían a DOGE divulgar información sobre sus operaciones, en una batalla legal con grupos como CREW. El debate subyacente: ¿Es DOGE una agencia federal sujeta a transparencia o un equipo asesor exento de regulaciones? La respuesta podría redefinir los límites del poder ejecutivo en la era de la hiperconectividad.

Con algoritmos reemplazando burocracias y datos personales convertidos en activos estratégicos, este caso sienta las bases para futuros conflictos entre innovación tecnológica, privacidad y democracia.