Los Orígenes Inocentes de una Arma Política
WASHINGTON.- Lo que comenzó como un esfuerzo por hacer cumplir la ley federal se ha metamorfoseado en un instrumento de poder ejecutivo sin precedentes. El cierre parcial de la administración federal estadounidense, que ya se erige como el segundo más prolongado en la historia del país, está revelando patrones inquietantes sobre la evolución del poder presidencial cuando el Congreso abdica de sus responsibilidades presupuestarias.
Nuestra investigación revela cómo este fenómeno contemporáneo nació en 1980 de interpretaciones jurídicas aparentemente técnicas. Benjamin Civiletti, secretario de Justicia durante la administración del presidente demócrata Jimmy Carter, invocó la casi centenaria Ley Antideficiencia de 1870 para argumentar que la normativa era “clara e inequívoca” al restringir el gasto gubernamental una vez expirada la autorización del Congreso.
¿Podría Civiletti haber imaginado que sus opiniones legales establecerían el marco para algunas de las contiendas políticas más definitorias del siglo XXI? En una entrevista concedida al Washington Post hace seis años, el ya fallecido funcionario admitió: “Nunca pude imaginar que estos cierres durarían tanto tiempo y que se usarían como una táctica política”.
La Metamorfosis Estratégica
En el cierre actual, la administración Trump ha operado con un manual radicalmente diferente. Documentos internos y declaraciones públicas obtenidas por nuestro equipo de investigación muestran un patrón sistemático: el presidente republicano ha utilizado la falta de financiamiento para castigar adversarios políticos, intentado despedir a miles de empleados federales y aprovechado el vacío legislativo para reconfigurar las prioridades presupuestarias según su agenda.
“No puedo creer que los demócratas de la izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales al inicio del paro gubernamental. Esta declaración, analizada en contexto, sugiere una percepción del cierre no como crisis, sino como oportunidad.
El Precedente Constitucional en Juego
Charles Tiefer, ex asesor general interino de la Cámara de Representantes y profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore, proporciona un testimonio crucial: “Se suponía que un cierre suspendería las actividades de las mismas cosas bajo Reagan que bajo Clinton”. Tiefer afirma que, en este cierre, el gobierno de Trump ha utilizado “un tipo de poder de apropiación presidencial desenfrenado, que es contrario a todo el sistema, a la Constitución original y a la Ley Antideficiencia”.
Nuestra investigación documenta cómo la administración ha incorporado un enfoque abiertamente partidista: múltiples agencias han actualizado sus portales digitales para incluir declaraciones que culpan exclusivamente a los demócratas por el cierre. El Departamento de Defensa desvió fondos de investigación y desarrollo para pagar al personal militar activo. Y según documentos obtenidos, la Casa Blanca intentó iniciar despidos para más de 4.000 empleados federales que, predominantemente, laboran en áreas percibidas como prioridades demócratas.
El Testimonio de los Afectados
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, cuyo estado alberga una concentración significativa de empleados federales, describe un “desfile de castigos sin fin” que incluye despidos selectivos, cancelación de fondos para proyectos de desarrollo económico, campañas de presión contra universidades y el despido del fiscal federal de Virginia. “Esto hace que la gente reaccione”, afirma Kaine, revelando la dimensión humana detrás de la estrategia política.
Mientras tanto, el senador independiente por Maine, Angus King, emerge como una voz disidente dentro del caucus demócrata, habiendo votado para terminar el cierre porque “da poder al presidente más allá de lo que podría lograr de otra manera, y perjudica al país”.
Las Consecuencias Inminentes
La determinación demócrata enfrenta su prueba definitiva la próxima semana. Los empleados federales, incluido el personal de los propios legisladores, completan casi un mes sin remuneración completa. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que sustenta aproximadamente a uno de cada ocho estadounidenses, enfrenta un abismo financiero el 1 de noviembre. Y las demoras en los viajes aéreos se intensifican debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo.
Lo que comenzó como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley federal ha mutado en algo muy diferente: un campo de batalla donde se redefine el equilibrio constitucional de poderes. La pregunta que queda flotando en los pasillos del Capitolio es si esta estrategia establecerá un precedente duradero que transforme permanentemente la dinámica de poder entre la Casa Blanca y el Congreso.
