La Cruda Realidad que la Autoridad Intenta Ocultar
En mis años de observar y documentar la relación entre las instituciones y la ciudadanía, he aprendido a leer entre líneas de los comunicados oficiales. El caso de Diego Ignacio Paz no es una excepción, sino un patrón tristemente recurrente. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha confirmado lo que muchos ya sospechábamos: el joven Diego Ignacio Paz, un estudiante de la Anáhuac, fue víctima de una ejecución extrajudicial a manos de policías municipales de Santa Lucía del Camino.
La experiencia me ha enseñado que cuando un operativo de control, como un alcoholímetro, termina en muerte, la primera reacción de la autoridad es criminalizar a la víctima. Sin embargo, los dictámenes periciales son contundentes: Diego no estaba alcoholizado ni había consumido estupefacientes. Esta es una lección crucial: los hechos científicos suelen desmontar las narrativas fabricadas para justificar el abuso.
“Cuando iba bajando la calle, vi que venían unos policías, entonces corrí de nuevo, bajé unos escalones hacia donde está el techo del teatro al aire libre, en ese momento escuché varios disparos, como 6 más o menos, entonces me dio miedo y corrí por encima del techo que es como de plástico gris medio transparente, al llegar a la orilla me frené porque ya no había para donde correr y me alcanzó un policía, me empezó a pegar y comencé a forcejear con él para zafarme porque tenía miedo por los disparos que se escucharon; se rompió el techo y caímos, no sé cuántos metros pero estaba muy alto, estando ahí abajo me empecé a quejar del dolor y llegaron varios policías y me rodearon, después llegaron unos paramédicos pero no me llevaron en la ambulancia”, narró el joven sobreviviente.
El relato del testigo sobreviviente no es solo un testimonio; es la evidencia viva del pánico y la brutalidad. He escuchado versiones similares en demasiados casos. La huida no es un acto de culpabilidad, sino una reacción instintiva de preservación ante una fuerza pública que se percibe, con razón, como una amenaza letal.
La autopsia, ese documento forense que no miente para quien sabe interpretarlo, revela la verdad más cruda: dos disparos por la espalda. En mi trayectoria, he visto cómo este detalle forense es el sello distintivo de una ejecución, no de un enfrentamiento. La tortura posterior, las patadas sobre un cuerpo ya herido, hablan de una saña y un ensañamiento que trascienden cualquier protocolo y se adentran en el terreno de la barbarie.
Otro aprendizaje doloroso es el de la impunidad estructural. El Gobierno Municipal de Santa Lucía del Camino, encabezado por Juan Carlos García Márquez, no solo difundió información falsa, sino que, hasta la fecha, se ha negado a iniciar acciones de responsabilidad administrativa. La omisión en proporcionar los listados de los agentes y la cadena de mando no es un descuido; es una estrategia calculada para proteger a los responsables y bloquear la rendición de cuentas.
La conclusión práctica, la que se extrae de décadas de lucha por la justicia, es que nos enfrentamos a un sistema que permite que agentes no certificados, sin derecho legal a portar armas de fuego, actúen con violencia absoluta. La lección final es clara: sin una presión social constante y una defensa férrea de la verdad, estos hechos quedarán en el olvido, y el ciclo de la violencia institucional y la impunidad no hará más que repetirse.
