Los conductores del popular programa de comedia ‘La Cotorrisa’, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, se enfrentan a una denuncia formal por el delito de acoso sexual, un proceso legal que trasciende la esfera mediática y cuyas consecuencias podrían ser de carácter penal. La denunciante, Jessica Bustos, esposa del también comediante Xuxo Dom, ha sido enfática al señalar que su objetivo no es una compensación económica, sino que los implicados asuman responsabilidades que, de ser determinadas por un juez, podrían incluir penas de cárcel.
El caso se remonta a una serie de comentarios realizados en uno de los programas de ‘La Cotorrisa’, donde Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza hicieron referencias al físico de Bustos. Lo que en su momento pudo ser presentado como contenido humorístico derivó, según la afectada, en una afectación profunda a su integridad. La denuncia fue presentada en septiembre, pero Bustos ha revelado que el proceso inició de manera privada desde junio, hace aproximadamente cinco meses, descartando así que se trate de una reacción oportunista ante otros escándalos recientes que involucran a Ricardo Pérez.
En declaraciones recientes, Jessica Bustos aclaró la naturaleza de su acción legal. “Ahorita se hizo la denuncia, respecto a eso, no podemos hablar mucho porque es tema de nuestros abogados, pero sí fue denuncia, no demanda”, precisó. Esta distinción es crucial desde una perspectiva jurídica. Una denuncia es el acto mediante el cual se pone en conocimiento del Ministerio Público la probable comisión de un delito, lo que puede dar inicio a una investigación y a un proceso penal. Una demanda, por el contrario, suele asociarse a un proceso civil, orientado típicamente a una reparación del daño de tipo económico. La elección de la vía penal subraya la búsqueda de una sanción que trascienda lo monetario.
Xuxo Dom, quien inicialmente minimizó los comentarios al considerarlos parte del entorno de la comedia y la amistad que decía tener con los acusados, explicó el cambio en su postura. “Yo decía, ‘es que es comedia, son mis cuates’, pero cuando vi la afectación que le causó a mi esposa, dije ‘no, esto le está dañando, no se puede quedar impune'”, relató. Este testimonio refleja un punto de inflexión común en casos de acoso, donde el impacto emocional y psicológico en la víctima, a menudo invisible en un principio, se convierte en el elemento central que impulsa la búsqueda de justicia.
La situación escaló significativamente cuando la pareja se percató de comentarios en redes sociales que insinuaban que su motivación era económica, llegando a usar la frase “tengo hambre” para sugerir que buscaban un acuerdo financiero. Frente a estas acusaciones, la reacción de Xuxo Dom fue contundente. “No nos den absolutamente nada económico, paguen con cárcel, paguen con cárcel. Si eso es tener hambre, paguen con cárcel, a ver si ya se callan y dejan de decir que tenemos hambre”, manifestó con visible enojo.
Jessica Bustos reforzó este mensaje, negando cualquier tipo de colusión con medios de comunicación o intereses ajenos a su propia necesidad de justicia. “Lo hicimos por nosotros, quienes dicen que nos pagaron están mintiéndonos, calumniándonos”, afirmó. Esta postura busca deslegitimar un argumento frecuente en la esfera pública, donde las denuncias de acoso son a veces desacreditadas al atribuirles intenciones espurias, desviando la atención del hecho denunciado en sí.
El caso se enmarca en un contexto social más amplio donde las figuras públicas son cada vez más responsabilizadas por sus declaraciones, incluso aquellas emitidas bajo el paraguas del humor. La petición explícita de que los acusados “paguen con cárcel” establece un precedente sobre la seriedad con la que se deben tratar las conductas de acoso, independientemente del medio o el contexto en el que se produzcan. El desarrollo de este proceso legal será determinante para evaluar los límites de la comedia y la responsabilidad personal de los creadores de contenido, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de vulnerar la dignidad de las personas.
