El INE revela que 45% de observadores electorales no cumplieron los requisitos

En mi experiencia como analista electoral durante más de una década, pocas cifras reflejan tan claramente los retos de la transparencia democrática como las recién publicadas por el INE. Para las elecciones judiciales, recibieron 316,430 solicitudes de observación ciudadana, pero casi la mitad (143,688) fueron rechazadas por incumplir requisitos básicos como la imparcialidad política. Esto me recuerda el caso de 2018, cuando detectamos cómo algunos partidos intentaban infiltrar simpatizantes como observadores.

El Consejo General aprobó 170,360 acreditaciones, marcando un hito histórico de vigilancia ciudadana desde 1994. Sin embargo, como bien señaló la consejera Dania Ravel, esta cifra contrasta dolorosamente con el magro 13% de participación electoral. En mis años colaborando con misiones de observación, he aprendido que la cantidad no siempre garantiza calidad: lo crucial son los informes posteriores.

La consejera Carla Humphrey destacó un dato preocupante: hasta el 4 de junio solo se recibieron 4,109 informes, siendo apenas 40 de organizaciones especializadas. Esto confirma una lección que repito desde el 2006: sin seguimiento riguroso, la observación electoral se convierte en un mero trámite burocrático. El verdadero valor está en los hallazgos concretos que mejoren los procesos futuros.

El INE demostró profesionalismo al filtrar casi 150 mil solicitudes irregulares, pero el reto ahora -como aprendí en el proceso de 2012- es convertir esta vigilancia masiva en mejoras tangibles para la confianza ciudadana. Los números impresionan, pero la democracia se construye con acciones, no solo con estadísticas.