La presidenta Claudia Sheinbaum defiende con firmeza el nuevo registro nacional de chips de telefonía móvil. Lo presenta como un escudo para la ciudadanía contra el fraude y la extorsión, delitos que, reconoce, muchas veces se cocinan desde dentro de las prisiones.
“México es de los pocos países en el mundo donde los chips y los teléfonos se vendían sin identificación. ¿Y eso qué genera? Facilidad para cometer delitos como la extorsión telefónica y los fraudes”, señaló durante una conferencia.
Su argumento es claro: cada línea debe tener un dueño identificable. La lógica oficial es que si un teléfono se usa para un ilícito, habrá un rastro que seguir. “En la medida en que cada chip esté asociado a una persona, va a ser mucho más difícil usar el teléfono para extorsionar o defraudar”, afirmó.
Pero aquí es donde la investigación periodística empieza a hilar preguntas incómodas. Sheinbaum insiste en que esto no es vigilancia masiva. Asegura que los datos no los tendrá el gobierno, sino las empresas telefónicas, y solo se accederá a ellos con una orden judicial por un delito. “No se trata de investigar a la gente”, enfatizó.
Sin embargo, una revelación pone en jaque toda esta estrategia desde su misma base. EL UNIVERSAL documentó esta semana algo alarmante: a menos de siete días del lanzamiento del registro, ya florece un mercado negro en redes sociales.
Allí se ofertan chips de líneas celulares ya inscritos y listos para usarse por apenas 27 pesos. El objetivo es claro: burlar la nueva disposición. Esto plantea una duda fundamental sobre la eficacia real del programa.
Si el registro busca acabar con el anonimato criminal, pero simultáneamente nace un sistema paralelo para comprar identidades registradas falsas, ¿qué se está combatiendo realmente? La medida choca contra una realidad testaruda: la ingeniería social y la corrupción que siempre encuentran una grieta por donde colarse.
La presidenta habla de bloquear señales en cárceles y campañas de prevención. Pero mientras tanto, en las sombras digitales, el negocio de la extorsión podría estar adaptándose incluso más rápido que la propia regulación. La batalla por la seguridad, parece, también se libra en un tablero que las autoridades no controlan.
