Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, el Servicio de Administración Tributaria de México ha establecido un régimen fiscal específico para gravar los ingresos que perciban los futbolistas durante los partidos que se disputen en territorio mexicano en la edición de 2026. Esta medida, detallada en la Resolución Miscelánea Fiscal para ese año, marca un hito en la fiscalización internacional del deporte y busca evitar la erosión de la base tributaria nacional.
El mecanismo es preciso. Los jugadores extranjeros estarán sujetos a una retención del 25% del Impuesto Sobre la Renta sobre los ingresos brutos que obtengan por su participación, ya sea en concepto de remuneraciones base o de premios en metálico pagados por las asociaciones miembros de la FIFA. Para los futbolistas mexicanos, la tasa aplicable será del 100%, al tratarse de residentes fiscales en el país. La novedad técnica radica en el criterio de proporcionalidad: el impuesto se causará sólo en relación con los partidos en los que el jugador sea convocado dentro de México, respecto del total de encuentros que dispute su selección en toda la competición.
Este esquema general, sin embargo, tiene una excepción fundamental determinada por la red de tratados internacionales de México. Los jugadores cuya nación de origen tenga firmado con México un convenio para evitar la doble tributación quedarán exentos del pago en territorio azteca, siempre y cuando acrediten debidamente su residencia fiscal en ese país. Esta red es extensa. En América, incluye acuerdos con naciones como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Uruguay. En Europa, abarca prácticamente a todos los miembros de la Unión Europea, así como al Reino Unido, Suiza y Rusia.
Esto implica que estrellas como el argentino Lionel Messi o los españoles que jueguen en México no tendrán obligación tributaria local, pues sus países tienen tratados vigentes. Un caso paradigmático sería el de Portugal, cuya selección jugará partidos en suelo mexicano. Su máxima figura, Cristiano Ronaldo, en principio estaría sujeto al ISR, pero al presentar la constancia de residencia fiscal en Portugal, país con tratado, quedaría exento. Para aquellos jugadores de naciones sin acuerdo, la retención del 25% será directa y sin derecho a deducciones, a menos que opten por un esquema más complejo que involucre el nombramiento de un representante fiscal en México.
Los expertos subrayan que este marco regulatorio es pionero. En las dos ediciones anteriores del Mundial organizadas por México, en 1970 y 1986, no existía una estructura fiscal tan desarrollada ni una normativa específica para estos eventos. En aquella época, el ISR no tenía su configuración actual, no existían herramientas de fiscalización digital como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y la red de tratados era mucho más limitada. Muchos pagos, centralizados por la FIFA o efectuados en el exterior, quedaban fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
Ahora, el cambio es radical. La disposición obliga a que cada jugador o su representante calcule y entere el impuesto a más tardar el 19 de agosto de 2026. La medida no solo impacta a los atletas, sino que es crucial para clubes, representantes, asesores fiscales y despachos contables, quienes deben integrar esta planeación fiscal en sus estrategias. La fiscalización se anticipa meticulosa, abarcando incluso los premios que la FIFA otorgue a los participantes por etapa alcanzada, aunque los montos exactos de estos incentivos para 2026 aún no han sido desglosados oficialmente por el organismo rector del fútbol mundial.
Este movimiento del SAT institucionaliza la captación de renta generada por megaeventos deportivos, un terreno tradicionalmente complejo por la movilidad global de los deportistas y las estructuras de pago transnacionales. Establece un precedente que podría ser observado y replicado por otros países anfitriones en el futuro, transformando la gestión financiera de los mundiales. Más allá de la recaudación inmediata, consolida un marco de legalidad y transparencia, exigiendo a todas las partes involucradas una contabilidad clara y el cumplimiento de obligaciones ante el fisco mexicano, cerrando así una puerta histórica a la elusión tributaria en este sector.
