El Senado debate la reforma que redefine el rol militar en la Guardia Nacional

En mis años cubriendo reformas de seguridad, pocas iniciativas han polarizado tanto como esta. El Senado mexicano enfrenta un punto de inflexión: mientras la oposición denuncia la militarización encubierta del gobierno de Morena, los oficialistas insisten en profesionalizar la Guardia Nacional. Recuerdo cómo en 2019, durante la creación de esta institución, ya se advertía este riesgo. Hoy, la discusión confirma esos temores.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, resume el dilema con precisión técnica: “No cuestionamos el valor operativo de la Guardia, sino su gradual absorción por las fuerzas armadas”. Este fenómeno lo he visto repetirse en países como Colombia o Honduras, donde la militarización de tareas civiles generó problemas de derechos humanos. La minuta propuesta —que consolida el mando castrense sobre la institución— podría replicar esos errores.

El texto legal establece una paradoja: una fuerza “civil” compuesta mayoritariamente por militares, dependiente de la Sedena. En campo, esto se traduce en contradicciones prácticas. Durante mis reportajes en Zacatecas el año pasado, vi cómo elementos de la Guardia realizaban labores de inteligencia con protocolos castrenses, algo que limita su integración comunitaria. La reforma profundizaría este modelo, pese a las advertencias de organismos internacionales.

Lo más preocupante —y aquí hablo por experiencia— es la ambigüedad sobre los “convenios temporales” con estados y municipios. En la práctica, estos acuerdos suelen volverse permanentes, como ocurrió con los mandos únicos. La lección es clara: cuando el marco legal abre puertas traseras, la excepción se convierte en regla. Esta reforma, sin salvaguardas claras, podría consolidar un modelo que muchos expertos consideramos insostenible.