Gobernadores de todo el espectro político, tanto de Morena y partidos aliados como de la oposición, han manifestado su adhesión al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres. Esta iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, busca establecer una estrategia unificada y contundente para enfrentar la violencia de género en el país. El respaldo unánime de los mandatarios estatales, expresado durante una conexión con la conferencia matutina presidencial, marca un paso significativo hacia la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en una materia de urgente atención.
La piedra angular de este decálogo es la homologación del delito de abuso sexual en todos los códigos penales estatales. El objetivo es claro: que este crimen se persiga de oficio en todo el territorio nacional, sin que la víctima se vea obligada a cargar sola con el peso de la denuncia, y que conlleve una pena uniforme de tres a siete años de prisión. Esta medida pretende eliminar vacíos legales y garantizar que la respuesta judicial sea consistente, sin importar el lugar donde se cometa el delito.
El primer punto del compromiso se centra en la prevención y el cambio cultural, con el lanzamiento de una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias. Le sigue, como segundo punto, el acompañamiento activo al proceso legislativo necesario para lograr la mencionada homologación del tipo penal. El tercer compromiso implica una directriz clara a las Fiscalías y a los Tribunales del Poder Judicial locales: garantizar que ninguna denuncia por violencia de género sea desechada o desestimada, asegurando así el acceso a la justicia. Para dar seguimiento a este proceso, se ha dispuesto el número telefónico 079, opción 1, como un canal directo de atención para las víctimas.
La estrategia también aborda entornos específicos de riesgo. El cuarto punto establece la instalación de una mesa de coordinación con las autoridades de movilidad de cada entidad federativa. El propósito es desarrollar lineamientos y acciones concretas para prevenir y atender la violencia en el transporte público y concesionado, un espacio donde las mujeres frecuentemente se sienten vulnerables. Como quinto compromiso, se plantea la homologación de leyes que combaten formas contemporáneas de agresión, como la violencia digital, la violencia vicaria —que utiliza a los hijos como instrumento de daño— y los ataques con ácido.
En el ámbito del espacio público y la educación, el plan propone la creación de “senderos seguros” en zonas con altos índices de violencia contra las mujeres. Simultáneamente, se institucionalizará que el día 25 de cada mes se realicen actividades en las escuelas para fomentar la igualdad y el trato respetuoso entre niñas y niños, inculcando estos valores desde la infancia. La capacitación y certificación obligatoria de todos los servidores públicos con perspectiva de género constituye el octavo punto, buscando transformar la atención que reciben las mujeres al interactuar con el Estado.
Para dar sostenibilidad y profundidad a estos esfuerzos, el noveno compromiso consiste en instalar una mesa de trabajo permanente que integre a la Secretaría de Mujeres y al Poder Judicial. Esta instancia tendrá la tarea de actualizar y fortalecer continuamente los protocolos de atención e investigación, con el fin explícito de agilizar la procuración de justicia. Finalmente, el décimo punto reconoce el impacto colateral de los crímenes más extremos, comprometiendo una atención integral a las víctimas indirectas de feminicidios, como son las familias, hijas e hijos que quedan en situación de desamparo.
Este Compromiso Nacional representa un marco de acción coordinado que, más allá de los anuncios, establece mecanismos concretos de aplicación, seguimiento y mejora continua. Su éxito dependerá de la capacidad de implementación en cada estado y de la voluntad política sostenida para transformar las estructuras que permiten la violencia contra las mujeres.
