Desde la perspectiva de quien ha visto décadas de noticias sobre crimen e impunidad en México, la extradición programada para este viernes de José Luis Villalón Torres, alias “El Marino”, desde Canadá hasta México, representa uno de esos casos que te hacen creer, con cautela, en los mecanismos del Estado. No es solo un trámite diplomático; es la materialización de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el paraguas del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. En mi experiencia, cuando las agencias logran esta sinergia, el mensaje a las estructuras delictivas es potente.
El proceso para llegar a este punto es una lección de perseverancia institucional. Tras el homicidio del adolescente Alexander de 16 años en Lázaro Cárdenas en junio de 2023, la investigación no se estancó. La Fiscalía Regional integró la carpeta, un juez emitió la orden de aprehensión y, crucialmente, se activaron instrumentos internacionales: una Notificación Roja de Interpol y una Alerta Migratoria. He aprendido que estos recursos, manejados con precisión por la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional, son la red que pocas veces falla. Su detención en Canadá en marzo pasado no fue casualidad; fue el fruto de una estrategia meticulosa.
Pero más allá de los tecismos legales, el corazón de este caso late en el testimonio de Issis Nínive Ortíz Cortez, la madre de Alexander. Su valentía para denunciar, incluso después de sufrir un atentado con explosivos, es un recordatorio crudo de que la lucha por la justicia a menudo recae en los hombros de quienes más han perdido. Sus palabras, agradeciendo el trabajo fiscal y confiando en que “este sujeto no va a gozar de impunidad”, resumen la esperanza que debería sustentar todo sistema penal. He visto cómo esta fe puede erosionarse con el tiempo, por lo que la celeridad en este proceso es un bálsamo necesario.
La dimensión humana, a menudo olvidada en los comunicados oficiales, aquí es central. Alexander no era solo una estadística; era un joven con sueños de ser ingeniero en Logística, fan de la música y de la morisqueta michoacana. Recordar estos detalles no es un mero ejercicio sentimental; es reafirmar que la justicia se procura por personas, no por casos. La determinación de su madre de buscar responsabilidades, a pesar del dolor imborrable, es el motor más poderoso contra la resignación.
Finalmente, el trasfondo de cooperación bilateral, evidenciado en la reunión entre autoridades mexicanas y de la Embajada de Canadá, es el pilar invisible que sostiene estos logros. En asuntos de seguridad pública y derecho penal internacional, los acuerdos de extradición y el intercambio de inteligencia son la moneda de cambio. El fiscal estatal Carlos Torres Piña y la fiscal federal Ernestina Godoy Ramos saben que sin estos puentes diplomáticos, muchos presuntos delincuentes quedarían fuera del alcance de la ley.
Este viernes, cuando “El Marino” pise suelo mexicano, no será el final. Será el comienzo de un nuevo capítulo judicial, donde las pruebas recabadas deberán sostenerse ante un juez. La experiencia me dicta que es en esta fase donde la solidez de la investigación se prueba. Sin embargo, por hoy, es un triunfo significativo para una madre, una advertencia para la delincuencia y una demostración de que, cuando las instituciones funcionan, la rendición de cuentas es posible.
