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México descarta uso criminal de drones en la frontera norte

Autoridades mexicanas niegan actividad de drones delictivos en la frontera, pese a advertencias de EU.

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En una declaración que contradice las alertas emitidas por funcionarios estadounidenses, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que no existen evidencias de aeronaves no tripuladas con fines ilícitos en la zona limítrofe con Estados Unidos. ¿Pero qué documentos sustentan esta postura oficial? Investigaciones periodísticas revelan que la versión mexicana omite detalles clave.

Durante un interrogatorio sobre las recientes advertencias de agencias de seguridad norteamericanas respecto a potenciales amenazas, el alto mando naval afirmó: “Los artefactos empleados por grupos delictivos son modelos comerciales, destinados originalmente al ámbito recreativo”. Sin embargo, fuentes castrenses consultadas bajo condición de anonimato admitieron que, en los últimos seis meses, se han interceptado tres cargamentos de drones modificados con compartimentos ocultos cerca de Tijuana.

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El almirante reconoció de manera tangencial que “circuló información no verificada sobre avistamientos en territorio mexicano”, aunque insistió en que ningún aparato ha cruzado hacia el vecino país. Esta aseveración contrasta con el testimonio de Steven Willoughby, responsable del programa anti-drones del Departamento de Seguridad Nacional, quien en documentos internos obtenidos por este medio advierte sobre “la inminencia de ataques coordinados contra blancos estratégicos”.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la cooperación bilateral y los 10,000 efectivos desplegados en la Operación Frontera, expertos en geopolítica cuestionan la efectividad de estas medidas. “Los carteles ya utilizan drones con alcance de 50 km para vigilancia y transporte de sustancias”, reveló un exagente de la DEA en una entrevista exclusiva. ¿Está México subestimando una amenaza tecnológica que evoluciona más rápido que sus protocolos de seguridad?

Este reportaje evidencia las discrepancias entre los discursos públicos y los informes técnicos no divulgados, dejando una pregunta flotando en el aire: ¿negligencia o estrategia deliberada?

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