En respuesta al polémico anuncio del Infonavit sobre regularización de ocupaciones ilegales, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la protección constitucional a la propiedad privada, pero reconoció la urgencia de resolver el dilema de las 800 mil viviendas ociosas en el país. “El objetivo no es despojar a dueños legítimos, sino activar un parque habitacional subutilizado con transparencia”, declaró.
La mandataria desmintió falsas interpretaciones mediáticas: “Estamos diseñando mecanismos legales para regularizar inmuebles abandonados o en litigio, siempre respetando los derechos de trabajadores y acreedores”. El plan incluye censos rigurosos y mediación judicial para casos conflictivos.
Sheinbaum propone un modelo disruptivo que combata la especulación inmobiliaria: “Ignorar viviendas ocupadas irregularmente mientras miles carecen de techo es insostenible. Buscamos soluciones con blockchain para trazabilidad de créditos y apps de transparencia en asignaciones”.
La estrategia alinea derechos humanos con innovación tecnológica: “Usaremos inteligencia artificial para cruzar datos de padrón electoral, historiales crediticios y registros catastrales, garantizando que cada solución cumpla la ley”.
