La noticia del asesinato de Nelson H. P., director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, durante un operativo de control de alcoholemia no es solo un titular más. Desde mi experiencia cubriendo la seguridad pública en la región, este episodio condensa una triste realidad que hemos visto repetirse: la violencia se atreve a golpear en los mismos espacios donde debería reinar la autoridad del Estado.
El ataque armado, perpetrado alrededor de las 23:00 horas en la carretera Riberas del Atoyac, es de una audacia escalofriante. Los testigos relatan que al menos dos hombres se aproximaron y dispararon contra el funcionario. He estado en esas escenas, y el detalle que más resuena, el que marca la pauta del terror, es la presunta reacción de los agentes viales: optaron por refugiarse, evadiendo cualquier confrontación. Esto no es solo cobardía; es un síntoma de un sistema desarticulado, donde el policía de tránsito no está equipado, entrenado o respaldado para enfrentar a la delincuencia organizada que actúa con total impunidad.
La lección dura: cuando la autoridad se vuelve blanco
La muerte de un director jurídico municipal en un retén no es casual. En mis años de reporteo, aprendí que estos actos son mensajes. Son advertencias dirigidas a toda la estructura gubernamental local. El mensaje es claro: nadie está a salvo, ni siquiera en el ejercicio de sus funciones más rutinarias. La atención de los paramédicos, aunque inmediata, resultó inútil, una amarga constatación de la brutalidad del ataque.
El contexto que explica la tragedia: abusos y desconfianza
Para entender la magnitud de esto, hay que mirar el historial. La Policía de San Jacinto Amilpas arrastra un prontuario de denuncias por abuso de autoridad en estos mismos operativos. Recuerdo casos documentados, como el video difundido justo ayer donde golpean a una mujer en una motocicleta, presuntamente sobria. Esta práctica de excesos policiales genera dos cosas: una profunda desconfianza ciudadana y, paradójicamente, una vulnerabilidad operativa. Cuando la población ve al policía como una amenaza, el tejido social necesario para colaborar y prevenir crímenes como este se deshace. Los retenes, en lugar de ser puntos de seguridad, se convierten en escenarios de tensión y potencial violencia, tanto de los uniformados como en su contra.
La investigación, de la cual aún no hay líneas claras, enfrenta el mayor de los obstáculos: la sombra de la complicidad o el miedo. La lección aprendida, una vez más, es que sin un verdadero fortalecimiento de las instituciones, basado en inteligencia, profesionalización y rendición de cuentas, estos episodios no serán excepciones. Serán la norma en un paisaje donde la ley es retada a diario, y donde un simple alcoholímetro puede terminar en una escena de crimen e impunidad.
