Después de 80 años, una página se cierra en San Miguel de Allende. La presidenta Claudia Sheinbaum entregó la documentación que da vida al Ejido Nuevo Cruz del Palmar, una solución pacífica a un conflicto agrario que duró generaciones.
Este acto es la piedra angular del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí. Sheinbaum fue clara: la justicia no vive solo en los papeles.
“Por eso se hacen los Planes de Justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución, sino que el gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos”, afirmó.
La mandataria explicó que el plan va mucho más allá del reconocimiento de tierras. Incluye desde la recuperación de capillas históricas y la construcción de comedores escolares, hasta apoyos directos para vivienda y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.
Uno de los puntos pendientes más sensibles es el decreto y catálogo de lugares sagrados para estas comunidades. También se anunció que se duplicará el presupuesto para los caminos artesanales en todo el país este año.
Sheinbaum conectó este acto con un cambio estructural más profundo: el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y afrodescendientes logrado en 2024. Un fondo especial, el FAISPIAM, ya ha canalizado millones directamente a las comunidades.
El director del INPI, Adelfo Regino Montes, detalló la inversión: casi 794 millones de pesos beneficiando a 119 mil personas. La lista de acciones es larga e incluye desde la expropiación para recuperar una zona arqueológica hasta la construcción de casi 40 Casas de la Lengua Indígena.
Desde la comunidad, las voces agradecieron pero también pidieron precaución. Nadia Rodríguez Ramírez, autoridad indígena, destacó una necesidad crucial:
“…la necesidad de que el desarrollo no implique la destrucción de los cerros y tierras de las comunidades indígenas”.
Para Israel Ramírez González, presidente del nuevo ejido, esto salda una deuda histórica. Mientras tanto, figuras como la dramaturga Jesusa Rodríguez ven en este enfoque una prioridad genuina del gobierno actual, prometiendo que no descansarán hasta hacer justicia.
