En un giro judicial significativo, un juez de control ha decretado la vinculación a proceso del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por su presunta participación en un elaborado esquema de lavado de dinero que supera los 156 millones de pesos. La decisión asegura que el exmandatario permanecerá tras las rejas, un hecho que muchos observadores seguían con escepticismo tras las múltiples apelaciones de su defensa.
La Fiscalía General de la República (FGR), en un comunicado oficial, detalló que la diligencia —una reposición ordenada por un amparo— se extendió por 48 horas exhaustivas. Durante este tiempo, el juzgador escuchó minuciosamente los argumentos del Ministerio Público Federal, los cuales presentaron un entramado de evidencias que, a su juicio, constituyen indicios razonables para procesar al expriista por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué documentos clave, obtenidos tras una investigación meticulosa, convencieron finalmente al juez?
Este desarrollo procedimental no surge de la nada. Es el resultado directo del cumplimiento de una ejecutoria de amparo que el propio Sandoval Castañeda había obtenido a su favor. Dicha resolución superior obligó al juez de control a reponer la audiencia inicial y, crucialmente, a motivar y fundar su decisión de una manera explícita, cerrando posibles grietas legales que la defensa pudiera explotar. ¿Se trata de una estrategia procesal que finalmente se volvió en su contra?
Como consecuencia inmediata, el exgobernador nayarita continuará sujeto a la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que se mantendrá justificada por todo el tiempo que dure el intrincado proceso penal en su contra. Este caso, que parece destapar apenas la punta del iceberg de las finanzas ilícitas en la entidad, promete revelar en los próximos meses conexiones y operaciones que permanecían ocultas a la vista pública.
