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Exdirector de Pemex detenido en EU en medio de tensión diplomática

La detención del exdirector de Pemex en Texas reaviva tensiones diplomáticas y cuestiona los procesos legales bilaterales.

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El mismo día en que México expulsó a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes sin un proceso de extradición —el 12 de agosto—, las autoridades estadounidenses arrestaron en Dallas, Texas, a Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht y el proyecto Etileno XXI.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE) capturaron al exfuncionario y lo trasladaron a un centro de detención migratoria, donde enfrenta un proceso de deportación. Sin embargo, su abogado defensor, Óscar Zamudio Campos, denunció que su cliente podría ser utilizado como “moneda de cambio” en las negociaciones bilaterales entre ambos países.

“Condenamos que se trate a las personas como piezas de negociación, ignorando derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia”, declaró Zamudio. Además, cuestionó la legalidad de la detención, ya que Treviño contaba con estatus migratorio regular y un trámite de asilo político pendiente, lo que, en teoría, impedía su deportación.

El abogado recordó que, desde agosto de 2023, Interpol había cancelado la ficha roja contra su cliente y que no existía una orden de detención provisional para extradición. “Su retención responde a una confusión administrativa”, insistió. Treviño residía desde hacía cuatro años en Texas, donde trabajaba en una firma contable mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo.

El exdirector de Pemex es buscado por la justicia mexicana desde septiembre de 2021, cuando un juez federal de Almoloya de Juárez emitió una orden de aprehensión por asociación delictuosa y lavado de dinero. La acusación se basa en el testimonio de Emilio Lozoya, su antecesor en Pemex, quien lo señaló por recibir un soborno de 4 millones de pesos en 2014 por el contrato de la planta Etileno XXI, adjudicado a Odebrecht en 2010.

Este caso refleja las complejidades de la cooperación jurídica entre México y EU, donde las tensiones políticas a menudo se entrelazan con procesos legales. Como experto en derecho internacional, he visto cómo figuras públicas terminan atrapadas en disputas que van más allá de lo judicial, convirtiéndose en fichas de ajedrez en agendas más amplias. La falta de transparencia en estos procesos solo erosiona la confianza en las instituciones.

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