La justicia colombiana acaba de dictar una sentencia que parece un ejercicio de contorsionismo legal. Salvatore Mancuso, el antiguo comandante paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por crímenes atroces contra comunidades indígenas. Pero aquí está el giro: esa pena podría reducirse a solo ocho años si él “acata compromisos de verdad y reparación”.
Esto ocurre mientras Mancuso, recién liberado en 2024 después de purgar condenas en EE.UU. y Colombia, tiene un nuevo cargo oficial: gestor de paz designado por el presidente Gustavo Petro. Sí, el mismo hombre acusado de miles de delitos ahora ayuda al gobierno a negociar con grupos armados.
“Deberá reconocer públicamente su responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles”, indica la sentencia.
Pero las preguntas persisten. ¿Cómo encaja esta condena simbólica con los miles de víctimas que aún esperan justicia? El tribunal encontró que bajo su mando se cometieron homicidios, desapariciones forzadas y violencia de género contra los Wayúu y otras comunidades entre 2002 y 2006.
Mientras tanto, Petro cuestiona públicamente la voluntad de paz del Clan del Golfo -grupo heredero del paramilitarismo que Mancuso ayudó a crear- señalando que obstaculizan la devolución de tierras robadas. “Si así vamos, indudablemente el proceso está dañado”, advirtió el presidente.
Esta sentencia revela las tensiones irresueltas de la justicia transicional colombiana: condenas severas en el papel que se diluyen en la práctica, mientras antiguos victimarios se reinventan como arquitectos de paz. Las comunidades afectadas observan si esta vez la justicia será más que palabras en un documento.
