La estrategia de compra consolidada de medicamentos y dispositivos médicos para el periodo 2027-2028 introduce criterios de participación más rigurosos para los proveedores, con el objetivo central de asegurar el abasto en las instituciones públicas de salud y corregir las fallas estructurales de procesos anteriores. Esta medida, impulsada por las autoridades sanitarias, establece filtros iniciales que priorizan a fabricantes con operaciones en México o en naciones con tratados comerciales vigentes, y exige a los participantes demostrar un historial comprobable de cumplimiento en entregas anteriores.
El documento técnico de la “Compra Consolidada 2027-2028” especifica que la licitación se lanzará inicialmente bajo el marco de acuerdos comerciales internacionales. Esta condición limita la participación, en una primera etapa, a proveedores cuyos productos se fabriquen en territorio nacional o en países con los que México mantenga un tratado de libre comercio.
No obstante, el mecanismo contempla una fase de investigación de mercado que podría derivar en ajustes y la eventual apertura de una licitación internacional, lo que introduce un elemento de flexibilidad ante posibles limitaciones de oferta. Uno de los requisitos más significativos es la obligación de presentar una constancia emitida por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que acredite un cumplimiento igual o superior al 50% en el surtimiento de las órdenes de suministro recibidas durante los seis meses previos.
Esta exigencia busca premiar la confiabilidad y penalizar el incumplimiento crónico, un problema recurrente que ha afectado la continuidad de los tratamientos en hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la red IMSS-Bienestar. Las nuevas reglas también imponen cargas financieras considerables a la industria.
Los proveedores deberán constituir garantías que, en conjunto, podrían representar hasta el 30% del valor total del contrato adjudicado. Además, se les exigirá una póliza de responsabilidad civil por daños equivalente al 10% del valor máximo del contrato. Para Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico México (INEFAM), este aspecto financiero podría disuadir la participación de algunos actores, dado el impacto patrimonial que representa, especialmente en un contexto donde los pagos por parte del gobierno no siempre son puntuales. E
l esquema incorpora una innovación estratégica: la obligación de entregar, en enero de 2027 y 2028, una reserva estratégica equivalente al 5% de la demanda anual de medicamentos y al 3% del material de curación. Esta medida pretende crear un colchón de seguridad para prevenir desabastos repentinos.
El mecanismo de penalización por incumplimiento es claro y estricto: los productos serán rechazados y se aplicará una multa del 2.5% del valor correspondiente por cada día de retraso, hasta agotar el monto de la garantía de cumplimiento presentada. Según el análisis de expertos del sector, esta compra podría ser la de mayor volumen registrada para cubrir un bienio, y será la primera que se realice bajo el marco de la nueva Ley de Adquisiciones, con la supervisión directa de la Subsecretaría de Salud, a cargo de Eduardo Clark, en coordinación con Birmex. La planeación con una anticipación de casi tres años es, en sí misma, una respuesta a la crisis de desabasto que afecta al sistema de salud pública desde hace aproximadamente ocho años.
La expectativa es que este enfoque meticuloso, que combina filtros de elegibilidad, exigencia de historial, garantías financieras y la creación de reservas, logre finalmente traducir la enorme inversión pública en un suministro constante y confiable para los pacientes. El éxito o fracaso de este modelo tendrá implicaciones profundas para la operación diaria de los hospitales y la salud de millones de mexicanos.
